Marcha 11/10.

Día 5 – 3 de octubre

La quinta y última jornada antes que comience la etapa de alegatos empezó con la declaración de la abogada Andrea Gualde, que hasta hace dos meses fue directora de Asuntos Jurídicos de la secretaría de DDHH de la Nación, y, hace 10 años, representó al estado argentino en el juicio ante la Corte Interamericana de DDHH. Se dio una situación curiosa, pues aunque fue citada a declarar como testigo de la defensa, lo primero que aclaró fue que el abogado del comisario Espósito le hizo una denuncia penal hace un tiempo. De todos modos, aseguró que esa situación no afectaba que dijera la verdad de lo que supiera. Las preguntas, formuladas exclusivamente por el Dr. Argibay Molina, rondaron las formas del trámite en la causa internacional, y, sobre todo, las circunstancias por las que el gobierno de Eduardo Duhalde decidió reconocer la responsabilidad del estado argentino en la detención, tortura y muerte de Walter, motivo por el cual litigamos ante la Corte IDH no sobre los hechos, que quedaron confesos, sino sobre el sistema de normas y prácticas que facultan a las fuerzas de seguridad argentina a detener personas arbitrariamente.

Los tres testigos siguientes, comisario mayor retirado Miguel Ángel Garín; comisario inspector retirado y abogado Jorge Carrano y comisario (en actividad)Alejandro Féliz Grzelka, fueron integrantes del consejo de disciplina convocado en 2008 para re-evaluar la situación de revista del comisario Miguel Ángel Espósito. Recordemos que el sumario administrativo interno había concluido 17 años antes, meses después de la muerte de Walter, sin reproche alguno al comisario. Pero, después de la audiencia de agosto de 2008, cuando la Corte IDH exigió al gobierno argentino explicaciones por el incumplimiento de las partes más importantes de la sentencia dictada cinco años antes, una de las medidas tomadas por el poder ejecutivo para «hacer que algo hacía» fue reabrir el trámite disciplinario. El comisario inspector Carrano contó que se quiso excusar porque Espósito fue su instructor cuando era cadete, pero no lo dejaron, y que el consejo propuso que la sanción por las faltas administrativas fuera la cesantía, pero después se decretó la exoneración. La diferencia es que con la primera no perdía los derechos previsionales, aunque como ya sabemos tampoco fue así con la exoneración, pues aunque él dejó de cobrar el haber de retiro, la esposa percibe una pensión, como si fuera viuda. El comisario Grzelka contó más o menos lo mismo, aunque con más solvencia, destacando que lo único que se discutió en ese sumario fue la «grave negligencia en la conducción de un operativo con la detención de mayores y menores, donde no permaneció en la dependencia cuando las circunstancias así lo exigían«.

El que se llevó las palmas del público fue el comisario mayor Garín, que contestó al menos seis veces «la verdad, no recuerdo, fue hace varios años«, pero, en cambio, afirmó rotundamente que se ordenó la exoneración porque «éste fue un hecho gravísimo para la fuerza, por culpa de Bulacio perdimos la detención de personas en averiguación de identidad»

Atónitos por semejante afirmación, no pudimos aguantar las ganas y el diálogo fue más o menos así:

CORREPI: Comisario, ¿entendimos bien, Ud, dijo que la policía federal no tiene más la facultad de detener personas para establecer identidad desde 1991?.

Comisario: Así es (entiéndase «afirmativo»).

CORREPI: ¿Conoce la ley 23.950?

Comisario: … ehhhh… Me tendría que dar un poco más de precisiones…

CORREPI: Comisario, es la ley nacional que faculta a la policía federal y otras fuerzas de seguridad a detener personas para establecer su identidad… la averiguación de antecedentes…

Comisario: … no… no la conozco…

CORREPI: No tengo más preguntas.

Así, con semejante absurdo, terminó la última audiencia testimonial en la causa más emblemática de la lucha antirrepresiva de los pasados 30 años.

El viernes 11, a las 11:00, haremos nuestro alegato, en el que deberemos concentrar estos 22 años y medio de lucha. Y simultáneamente, en Callao y Paraguay, irá comenzando el festival al que nos sumaremos al terminar la audiencia.

Día 4 – 2 de octubre

Comenzó la cuarta jornada con la declaración de Adolfo Bormida, hoy fiscal contravencional, entonces secretario del juzgado de menores letra «O». Relató que en su experiencia en el juzgado a cargo de Marcelo Arias, escuchó hablar sólo una vez del Memo 40, y recien se enteró de su contenido luego de la muerte de Walter. Explicó que en el juzgado tenían un criterio restrictivo respecto de la formación de actuaciones por contravenciones, especialmente sobre los «delitos» (¿?) de vagancia y de venta ambulante, puesto que era frecuentísimo el caso de detenciones a, por ejemplo, chiquitos vendiendo flores y explicó que esto sucede porque “hay comisarías más difíciles que otras porque hacen más estadística por directiva superior”, citando de muestra la comisaría 16ª con jurisdicción en Constitución.

Corroboró que el procedimiento ante la detención de un menor era la inmediata consulta y que ante su omisión “se hubiera enojado muchísimo, porque en ese momento era joven y me enojaban estas cosas”, y que en un caso como el de Walter hubiera hecho un pedido de informes y, si hubiera sido juez, una denuncia penal, siendo la situación “totalmente inadmisible”.

Luego el turno de declarar fue del ex secretario de seguridad bonaerense, ex diputado del PJ y ex juez federal, Alberto Piotti, quien fue secretario del juzgado de menores letra «O», desde 1975, por cuatro años. Dijo que sí escuchó hablar del memo 40, no solamente durante su actuación como secretario sino también como diputado nacional por el Partido Justicialista y miembro de la comisión de Minoridad y Familia, pero que a pesar de ello no recordaba su génesis ni su redacción. Reiteró que el memo 40 «operaba a favor de los mismos menores«. Ya nervioso, intentó explicar que “no tenía como finalidad entregarle discrecionalidad a la policía” (pese a que efectivamente lo hiciera), y que su aplicación era “absolutamente supletoria”. Ante el interrogatorio de nuestra querella se evadió contestando cosas como que “valoraba y reconocía mucho nuestra actuación pero que le costaba ponerse en una posición como de perito” -aunque lo que le costaba, y tampoco tanto, era mandar al frente al comisario- pero sin poder seguir esquivando las sucesivas preguntas, hasta Piotti lo admitió: “en estos casos era absolutamente de rigor la comunicación judicial”.

La tercera declaración del dia sería de la hoy jubilada María Cristina Camiña, para entonces jueza de cámara, quien afirmó solo conocer a Espósito por las actuaciones judiciales (si bien hubiera sido correcto decir por haberlo sobreseído dos veces). Aun así, dijo que el memorando fue derogado apenas “la Cámara lo descubrió”, pues los jueces de cámara desconocían su existencia que recién se haría pública a raíz del caso de Walter. Aunque el memo «le pareció un desastre, inconstitucional y arbitrario«, intentó rescatar a Espósito una vez más con el mismo argumento por el que lo sobreseyó (dos veces): que no le tocaba al comisario rebelarse contra esa orden, sino acatarla.

El cuarto testigo de la jornada sería el abogado de policías José Hermindo María, hoy retirado, quien junto a su camarada Federico Luis Hierro, fue el primer defensor del comisario Espósito, en razón de sus cargos en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, órgano que interviene en la defensa de los policías imputados en “hechos vinculados al servicio”, que ya sabemos se trata de la represión, la tortura y el gatillo fácil, como asesinando a Walter, o a centenares que siguen defendidos «por orden superior». El Dr. María terminaría su declaración en pocos minutos, por el “secreto profesional” derivado de haber asistido en su indagatoria al comisario.

Alicia Oliveira fue la última en declarar de esta jornada. Jueza en los ’70; hoy jubilada y candidata en la lista del burócrata «Momo» Venegas; varias veces funcionaria en el gobierno de la Alianza y con el kirchnerismo, dijo que para ella el memo 40 no era secreto pues lo conocía, y como magistrada nunca propició su derogación, aunque sus explicacuiones sólo agregaron confusión al tema, como cuando dijo que «como abogada le pedía su aplicación al juez«.

Para el fin de la jornada, las yapas son del defensor del comisario, Dr. Argibay Molina. Primero pediría al tribunal que sancione a nuestra compañera María del Carmen Verdú por hablar de la muerte de Walter ren sus intervenciones públicas, generando un “equívoco generalizado” pues en este juicio el objeto procesal determina que no se debate su muerte sino la privación ilegítima de la libertad. Segundo, pediría que se envíen notas aclaratorias a canales de televisión que hablan del tema de una manera que “prácticamente hacen una apología al delito e incitación a la violencia” al informar del caso. Por último, pidió se allane la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, por no haber sido remitido piezas de la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que él requirió.

El presidente del tribunal, Dr. Goerner, contestó que no observaría a nuestra compañera Verdú pero que se mantendrá atento al reclamo de Argibay Molina. Los otros dos pedidos fueron rechazados.

Finalmente, se dió cuarto intermedio hasta mañana, jueves 3 de octubre a las 10 de la mañana, que será la última jornada de declaraciones antes de que corresponda comenzar con los alegatos.

Día 3 – 30 de septiembre

La tercera jornada empezó con la declaración testimonial del abogado y comisario general de la PFA Silvio Latanzio, que fue citado por la fiscalía y la defensa porque antes de su retiro, en 2001, fue Director de Asuntos Jurídicos, y contestó algunos oficios requeridos a la policía sobre el famoso Memo 40, la disposición policial que derogaba la ley de menores.

 

Contó que, de acuerdo a lo que recordaba, el Memo 40 era una forma de «agilizar la entrega a sus padres de menores encontrados en peligro para su salud física o moral, por ejemplo si un comerciante inescrupuloso les estaba expendiendo bebidas alcohólicas, o si eran chicas en riesgo de ser abusadas por mayores». Claramente un situación bien distinta a la de Walter y los demás pibes, que no estaban en ninguna situación de peligro para su salud física o moral hasta que fueron detenidos y llevados a la comisaría. «Me imagino que sigue siendo igual», dijo sin que nadie le preguntara. Y vaya si tiene razón. centenares de miles de pibes son detenidos sin causa alguna por año, y sin que ningún juez se entere que están en una comisaría, salvo que, como a Walter, los maten.

 

Después, el comisario general se dedicó a mandar preso a Espósito. «Ningún policía está facultado a desoír una instrucción judicial ni es el exégeta de una instrucción judicial«, contestó cuando se le preguntó qué pasaba si una orden del día o un memorando policial decía una cosa, pero el juez de turno había ordenado otra, como en el caso, ya que el juez de turno, Dr. Luis Caimmi, exigía que lo consultaran sin excepción cuando había un menor en comisaría. También dijo, rotundamente, que las órdenes del día son comunicaciones internas policiales; que un memorandum sólo tiene el valor de una nota, y que en todos los casos su jerarquía es inferior a cualquier orden judicial o ley.

 

La socarrona sonrisa que enarbola a diario el defensor del comisario Espósito se fue convirtiendo en mueca, a medida que seguían cayendo las respuestas: «Lo primero que se debe hacer es avisar a los padres. De inmediato, sin demora. Si en un lapso razonable, no más de tres o cuatro horas, no aparecen, hay que consultar al juez, porque no hay razón para que un chico permanezca en una comisaría, no es lugar para él. Si no hay teléfono, se avisa por telegrama y por teléfono a la comisaría más cercana al domicilio para que les vayan a avisar, sea de Capital o de la provincia. Si un menor se descompone en una comisaría hay que llamar un médico y al juez, y si hay que internarlo hay que informar de inmediato al juez». En resumen, una declaración contundente para probar que el comisario Espósito ni siquiera cumplió con la normativa policial en cuya aplicación se amparó.

 

Completó la derrota del día para la defensa la Dra. Virginia Lourenco, secretaria de un juzgado de menores ahora, y que tenía el mismo cargo en 1991, precisamente en el denominado «Letra L», que estaba de turno la noche del 19 de abril. De entrada, nomás, disparó: «Yo no conocía el Memo 40, me enteré que existía cuando el caso Bulacio lo hizo público. Estoy casi segura que mi juez tampoco lo conocía. Nosotros en esa época recibíamos unas 100 consultas diarias de comisarías. La orden del juzgado era que, menor con el que tuviera contacto la policía, por cualquier causa, lo tenían que comunicar inmediatamente al juzgado».

En un intento de desvirtuar esas palabras, llegó Luis Juan Torres, que era secretario del otro juzgado de menores de los ’90, el «Letra O», cuyo juez, Marcelo Arias, había girado unas «instrucciones» a las comisarías ordenando que sólo se hicieran consultas en horario hábil; fuera de ese horario, «sólo cuando fuere estrictamente necesario y abstenerse de consultar de 23:00 a 07:00, salvo casos de urgencia que no admitan demora». El anciano ex secretario, largamente jubilado, no se acordaba de eso, ni del Reglamento para la Justicia Criminal y Correccional, ni de la ley de menores 10.903. Sí se acordaba del Memo 40, aunque, dijo «nunca lo leí, porque no era de mi incumbencia«. Y siguió hablando de cuestiones ajenas al juicio, como un homicidio, en 1954, que causó impacto porque el homicida desmembró el cadáver y desperdigó las partes en distintos lugares de la ciudad…

Allí hubiera terminado la audiencia, pero el tribunal necesitó unos minutos más para informar a las partes que el defensor del comisario, Pablo Argibay Molina, había presentado un escrito denunciando «hechos nuevos» y pidiendo nuevas medidas de prueba. Acompañó un recorte de un diario de hoy con el «comunicado» en el cual el cantante Carlos «Indio» Solari afirma que siempre tuvo presente a Walter; y un video de declaraciones televisivas de la compañera María del Carmen Verdú, en el que los periodistas la interrogan sobre la denuncia que el propio abogado defensor hizo contra ella hace unos años, acusándola de haber «extorsionado primero, y negociado después» con el ex presidente Eduardo Duhalde y su ministro de seguridad Juan José Álvarez para que reconocieran los hechos y la responsabilidad del estado argentino en la detención, tortura y muerte de Walter, a cambio de no impulsar la causa en contra de los funcionarios por la represión de Puente Pueyrredón y el asesinato de Maxi y Darío. Es que, en 2007, el inefable defensor escribió textualmente: «la prueba de esa extorsión y posterior acuerdo CORREPI-Presidente Duhalde es que el acto formal de reconocimiento del estado, con la firma del acta que suscribió el ministro Juan José Álvarez, fue celebrado el 26 de febrero de 2003, es decir, un día 26, aniversario de la muerte de los piqueteros». Ahora, inaugura una nueva línea de defensa, argumentando que «Si no hubiera sido así, no estaríamos acá” y que “Por algo Duhalde y Álvarez se escaparon de este tema”. Desopilante, si no estuviéramos hablando de los asesinados por el aparato represivo estatal, del que su defendido formaba parte.

Día 2 – 26 de septiembre

En esta segunda audiencia estaba prevista la declaración de varios policías, entre ellos los dos oficiales de la comisaría 35ª que, en la madrugada del domingo 21 de abril de 1991, hicieron firmar a Víctor Bulacio un acta en la que dejaban constancia que “en ese acto le hacían entrega del menor”, cuando el pibe estaba en la unidad de terapia intensiva del hospital Pirovano desde hacía más de 13 horas. También estaban citados el ex jefe de la PFA Jorge Passero y el ex subcomisario de la 35ª Alberto Muiños, además del ex camarista criminal Carlos Elbert, autor de la revocación de la prisión preventiva y del sobreseimiento de Espósito en 1992, lo que fue revertido dos años después gracias al recurso de queja ante la Corte Suprema interpuesto por la querella.

Al inicio de la audiencia, los compañeros de CORREPI que representan a la mamá de Walter anticiparon que no formularían preguntas a los policías que estuvieron imputados por distintos delitos en esta causa, y que deberían estar sentados junto a Espósito como acusados.

El primero en llegar fue Juan Antonio Tossi, que era oficial principal en 1991, pero se retiró como subcomisario en 1998, uno de los que intervino en la fraguada “entrega” de Walter a su papá. El hombre llegó rengueando, y explicó que hace poco, haciendo unos arreglos, se cayó del techo de su casa, en Mar del Plata.

Cuando el fiscal le pidió que relatara lo que recordase de su paso por la comisaría 35ª y en particular su intervención en relación a Walter, dijo: “No sé por qué me citaron acá, no tengo presente la situación. Mis recuerdos de mi actividad anterior son muy vagos, no recuerdo nada de mi carrera. No puedo precisar la razón, no sé si es por la caída del techo de la casa, por el paso del tiempo, o por las migrañas que sufro. Como no soy facultativo no puedo determinarlo. Cada vez me pasa más a menudo. Recuerdo algo de haber estado en la comisaría 35ª, pero no sé quién es Bulacio”.

El fiscal y los jueces hicieron un esfuerzo por interrogarlo, pero rápidamente desistieron, y pasamos al siguiente, el comisario inspector Ricardo Liseri, también retirado, que era el otro oficial principal de la 35ª, y fue el jefe de servicio el 20 de abril desde media tarde.

Contó que el jefe de servicio del turno anterior le informó que “el día anterior habían concurrido menores a la dependencia, y uno de ellos había sufrido un desmayo, por lo que estaba en un nosocomio de la zona, y ya se había localizado a sus familiares”.

“¿Qué quiere decir que habían ‘concurrido’ a la comisaría?”, preguntó el fiscal Fornaciari. “Bueno, estaban demorados porque se encontraban alejados de la vista de los padres, eso era una contravención”, contestó el comisario mayor. Tras un largo interrogatorio por parte del fiscal sobre el modo de proceder en caso de chicos detenidos de menos de 18 años, que dejó claro que cada policía interpreta las normas y actúa como se le ocurre sin que nadie –ni sus superiores, ni los jueces ni el poder político- lo objete, lo que empezó a quedar en evidencia fue el susto que tenía el testigo, que empezó a eludir respuestas concretas a medida que las preguntas se acercaban más y más a los temas sensibles de la causa.

Insistió una y otra vez en que ya habían localizado a la familia de Walter cuando él llegó a la comisaría, y se lavó las manos olímpicamente, jurando y recontra jurando que no tuvo contacto con el padre ni la madre de Walter, cuando consta en los libros de la comisaría que fue uno de los que los atendió.

El tercero fue el hoy comisario mayor retirado Alberto César Muiños, ex subcomisario de la 35ª y abogado. Contó su intervención como jefe del dispositivo organizado en Obras, que supervisó desde el primer piso del club, lugar que dejó cuando el comisario Espósito lo mandó llamar en el momento en que detenía a los clientes del bar Heraldo Yes, enfrente del estadio. Dijo que no sabía por qué se detuvo a esas personas, que estaban dentro de la confitería sentados a las mesas, porque “cuando llegué ya estaban detenidos, y yo no le puedo preguntar a mi superior”, aunque supuso que fue “para evitar el consumo de bebidas alcohólicas, para que no llegaran alcoholizados al recital, porque el año anterior con ese grupo fue un lío”. Vale recordar que los detenidos en el bar eran todos mayores de edad, y en ningún caso se hizo test de alcoholimetría ni se labraron actuaciones contravencionales.

A continuación, no hubo forma de sacarle mucho más. “Volví a la comisaría, recogí mis partencias y me fui”. Hubo, sin embargo algunas perlitas. Por ejemplo, cuando los jueces intentaron que explicara el criterio con que se hicieron las detenciones, puso como ejemplo “un hombre grande, que no condecía con la edad del público de la banda, seguro que andaba vendiendo drogas” y explicó que es habitual “remitir a la comisaría a un chico si está pidiendo limosna o abriendo puertas de taxis”.

Curiosa fue la presencia del ex camarista de la Sala VIª del crimen Carlos Elbert, que vino como testigo de la defensa, pero, cuando dijo que no supo nunca del Memo 40 hasta que le llegó esta causa, terminó discutiendo con el abogado de Espósito. “Yo creía que Ud. me citó para ayudar en la defensa, pero me está haciendo cargos como si fuera el fiscal”, se quejó el Dr. Elbert. El Dr. Argibay Molina respondió algo de una “conspiración judicial” contra el pobre comisario y no hizo más preguntas.

El cierre de la audiencia estuvo a cargo de uno de los principales imputados por la querella en la causa, el ex jefe de la PFA, Comisario General retirado Jorge Luis Passero. De entrada se quiso despegar: “Conozco a Espósito sólo de vista y de nombre”. Después, contó una de cowboys, que según él fue la información que recibió de sus ayudantes: “Había un recital de rock, se colmó la capacidad del club Obras y no permitieron más la entrada. Hubo bullicio y protestas, lo que trajo aparejado que los vecinos llamaran a la comisaría porque molestaban. Uno de los oficiales jefes de la 35ª se constituyó en el lugar y los invitó a que se retiraran, una parte acató, otra parte no, por eso se ordenó la remisión de todos a la comisaría. Después, cuando estaba en una sala conversando con otro chico que no sé si se conocían de antes o se habían hecho amigos ahí, Bulacio se desmayó y se cayó, por eso pidieron médico y lo internaron”.

El malambo empezó con las preguntas del fiscal Fornaciari sobre el Memo 106, que el 2 de mayo de 1991, es decir, a menos de una semana de la muerte de Walter, dictó el propio Passero, donde se refirió a “algunos de los errores más comunes” cometidos por la policía en el trato de menores y admitió que el “mal llamado” libro Memo 40 era para otro tipo de situaciones, como el hallazgo de cosas perdidas. El ex comisario general perdió por completo la memoria cuando le leyeron un párrafo de este memorando de su autoría, que decía que “excepcionalmente el jefe de la dependencia podrá disponer la intervención oficiosa, siempre que no se presuponga la situación de abandono o desamparo del menor y no exista una necesidad real y objetiva de sustanciar actuaciones”. Es decir, lo mismo que el Memo 40, pero redactado más confuso.

Él también quiso resolver la falta de explicación con un ejemplo, y dijo que el Memo 40 se aplicaba, por ejemplo, “si un pibe de 15 años se perdía, y recurría a la comisaría porque no sabía cómo volver a su casa”. Pero resulta que Walter no se metió solito a la comisaría, para que le dijeran qué se tomaba para volver a Bonzi…

El juicio sigue el próximo lunes 30, a las 11 de la mañana, con más ¿declaraciones? de funcionarios policiales y judiciales.

Día 1 – 24 de septiembre.

A las 10 de la mañana, dos centenares de compañeros que nos concentramos desde temprano en Callao y Paraguay, donde hicimos una radio abierta, nos encolumnamos para marchar hasta el edificio de Paraguay 1536, sede del tribunal oral nº 29, donde se realiza el juicio.

Compartían la cabecera de la marcha, con una enorme bandera con la imagen de Walter y el grito “Yo sabía que a Bulacio lo mató la policía”, Tamara Bulacio, la hermana de Walter; referentes de las organizaciones que acudieron a la convocatoria y los familiares de víctimas de la represión estatal organizados en CORREPI. Bajo una “discreta” vigilancia de gendarmería, la columna permaneció allí mientras se llenaba la sala de audiencias, y luego volvimos a sostener el aguante en la plaza.

Además de los jueces, el fiscal, el defensor del policía y nuestros compañeros Ismael Jalil y María del Carmen Verdú, quienes representan en la querella a Graciela Scavone, madre de Walter, se sentaron los integrantes de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, encabezados por el fiscal Abel Córdoba. Se trata del organismo recientemente creado por el gobierno, en su creciente afán por hacer como que la “violencia institucional” no tiene nada que ver con la represión que ellos comandan.

En la primera fila, Graciela Scavone estaba flanqueada por su hija Lorena, y los dos hermanos menores de Walter, Tamara y Matías. Detrás de ellos, la pequeña sala estaba colmada con los familiares de víctimas que militan en CORREPI, y los compañeros de las organizaciones hermanas.

Una vez que los fotógrafos de prensa hicieron su trabajo, comenzó la audiencia. El comisario Espósito siguió la lectura de las acusaciones de la fiscalía y la querella, escritas en 1996, por videoconferencia, privilegio que le otorgó el tribunal para que no tenga que estar presente en el recinto. Luego, anunció que no va a declarar ni ahora ni en ningún momento del juicio, y se quejó de “la maldad” que le hicieron al enjuiciarlo, lo que, dijo, le produjo un infarto.

Cuando el presidente del tribunal lo interrogó sobre sus condiciones personales, nos enteramos que, aunque en 2008 el gobierno, por boca de Aníbal Fernández, anunció su exoneración, en realidad sigue viviendo del estado. Resulta que, aunque a partir de entonces dejó de cobrar su jubilación (se había retirado por decisión propia en 1995), su esposa empezó a percibir entonces una pensión equivalente, como si hubiera enviudado.

La primera testigo de la jornada fue Graciela Scavone, que con voz clara y expresión serena contestó las preguntas del fiscal. Relató que dio permiso a Walter para ir al recital –el primero al que iba- porque el pibe se lo rogó una semana, y porque iba con un grupo de chicos del barrio en un micro que alquilaron. Sabía que no iba a volver a la noche, sino que de Obras se iba a ir directo a trabajar al club de golf donde era caddie, al que entraba a las 5 de la mañana. El sábado por la tarde, una vecina, pariente de otro chico que estuvo detenido con Walter y fue liberado pasado el mediodía, se enteró que su hijo estaba preso. Llamó a Víctor, el papá de walter, y juntos comenzaron una recorrida que se inició en la comisaría y prosiguió por los hospitales, hasta que, pasadas las 11 de la noche, encontraron a Walter en el Pirovano.

“Después nos hicieron ir de nuevo a la comisaría, y nos hicieron firmar la entrega, como si yo me lo llevaba de ahí”, recordó. Los policías que hicieron esa acta falsa, cuando hacía 13 horas que Walter estaba en un hospital, declararán en la próxima audiencia.

En el hospital, dijo, una doctora le aconsejó que hiciera la denuncia, y otro médico le aseguró: “Si este chico no está golpeado, soy el verdulero de la esquina”.

Confirmó Graciela que, mientras Walter agonizaba, el comisario Espósito se presentó en el hospital, y se llevó aparte a Jorge C., el amigo de Bonzi que estuvo detenido con él. En su declaración testimonial, hace más de 22 años, ese pibe contó que el comisario le recordó “que no se olvidara que en la comisaría lo trataron bien”.

El defensor del comisario quiso empezar a preguntar sobre cuestiones médicas vinculadas a su tesis de que Walter murió “naturalmente”, lo que fue bloqueado con firmeza por la compañera Verdú: “Si cambió el objeto procesal de este juicio y vamos a discutir la muerte de Walter, pido que empecemos de nuevo, para que nosotros podamos acusar por tortura seguida de muerte”. El fiscal Horacio Fornaciari apoyó el planteo, y el tribunal resolvió que, si sólo se va a juzgar la privación ilegal de la libertad, la pregunta era impertinente.

El siguiente testigo fue el Comisario General (retirado) Osvaldo Capozzo, que ocupaban en 1991, el mismo cargo que nuestro viejo conocido Lompizano (jefe policial condenado por el crimen de Mariano Ferreyra) tenía en 2010, la Dirección General de Operaciones, es decir, el control de los operativos policiales en toda la ciudad. Explicó que el operativo de abril de 1991 tuvo una parte contratada por la organización del espectáculo por vía de la Dirección de Servicios Adicionales y otra dispuesta de oficio. Confirmó que el oficial a cargo era Espósito.

A preguntas sobre el Memo 40, esa orden interna policial que habilitaba expresamente a no avisar a los jueces de turno cuando se detenía a un chico de menos de 18 años, el comisario dijo que se les ocurrió a los dos jueces de menores de los ’60, Sturla y Argüero. Curiosamente, dijo que estos magistrados eran “todo un ejemplo del manejo de la minoridad”, y que por eso sugirieron que la policía manejara a su antojo las detenciones de chicos.

Así y todo, el colega puso a Espósito en problemas. “Había que llamar inmediatamente a los papás, y si no tenían teléfono, se mandaba avisar por la comisaría más cercana de su domicilio”. Luego, dio como “ejemplo emblemático” de la oportunidad para aplicar el Memo, la situación de pibes que “se hacían la rabona para ir al zoológico”, a los que se llevaba a la comisaría para que estuvieran “resguardados”…

A nuestro turno, preferimos no preguntarle nada, ya que, como oficial superior de Espósito en la cadena de mandos, don Capozzo es uno de los responsables de la muerte de Walter, aun cuando no supiera que existía.

Siguió el Comisario Alberto Antonio Civale, que era, en 1991, titular de la comisaría 3ª en el barrio de tribunales. También retirado, impresionó por su imprecisión. Todas sus respuestas empezaron con “me parece…”; “para mí…”; “en mi caso…”; “creo…” “en mi opinión…” y similares. Claro que, entre esas “opiniones”, dejó algunas que pusieron más que incómodo al defensor. “En mi caso, siempre hacía las consultas…y llamaba urgentemente a la familia, si tardaban unas horas los mandaba buscar en patrullero o llevaba el chico a la casa”. Se armó un poco de confusión cuando se le pidió que definiera términos que usó en abundancia, como “menor vulnerable”, “resguardo”, “gente de mal vivir”, pero terminó crucificando al viejo camarada: “Yo haría la consulta al juez en el horario que fuera, más si tengo un menor descompuesto o lo tengo que internar”.

Finalmente, declaró la Dra. María Inés Quiroga, que era una de las secretarias del juzgado de menores que estaba de turno la noche del 19 de abril de 1991 con la comisaría 35ª. Contó que supo de la existencia del Memo 40 “por el asunto éste”, es decir, el caso Bulacio. El juez Caimmi, dijo, ordenaba que la policía lo consultara siempre que había un chico detenido. Esa noche, aseguró, no recibieron ninguna llamada de la comisaría 35ª, ni por Walter ni por los otros 10 chicos de menos de 18 años que estaban con él.

En resumen, una jornada en la que empezó a quedar claro, para los que no lo sabían, en qué manos estamos.

El jueves 26, a las 10:00, continúa el juicio, con la declaración de los policías Liceri y Tossi (comisaría 35ª); el Comisario Mayor Alberto César Muiños, ex subcomisario de la 35ª; el Comisario Jorge Passero, ex jefe de la PFA y los Comisarios Guillermo Rodolfo Mendizábal, ex Jefe de la Dirección Gral. de Asuntos Judiciales de la PFA y Silvio O. Latanzio, ex Director de Asuntos Jurídicos de la PFA.

Todos ellos formaron parte de la lista de imputados por la querella contra los que el poder judicial no quiso avanzar. Fueron sometidos a declaración informativa y luego sobreseídos.

¡Yo sabía que a Bulacio lo mató la policía!

¡Nos vemos el 24!

¡Yo sabía que a Bulacio lo mató la policía!

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Walter Bulacio: A fuerza de lucha, (¿esta vez sí?) el 24 de septiembre llega el juicio.

Con 22 años de demora, a 4 años de la elevación a juicio y tras varias suspensiones, finalmente se fijó fecha para el inicio del debate oral y público contra el comisario Miguel Ángel Espósito, ex titular de la comisaría 35ª y jefe del operativo policial desplegado el 19 de abril de 1991 en las inmediaciones del Estadio Obras.

No es necesario, a esta altura, recrear demasiado los hechos que ocurrieron ese viernes a la noche, cuando centenares de jóvenes fueron arrestados en una “razzia” durante un recital de rock. Walter Bulacio, de 17 años, salió la mañana del sábado 20 de la comisaría en ambulancia, con un grave cuadro neurológico, consecuencia de la tortura. Una semana después, murió.

A lo largo de la infinita causa judicial, cada gobierno hizo lo suyo para garantizar la impunidad de los represores.