Archivos Mensuales: octubre 2013

Marcha 11/10.

Marcha 11/10.

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Día 5 – 3 de octubre

La quinta y última jornada antes que comience la etapa de alegatos empezó con la declaración de la abogada Andrea Gualde, que hasta hace dos meses fue directora de Asuntos Jurídicos de la secretaría de DDHH de la Nación, y, hace 10 años, representó al estado argentino en el juicio ante la Corte Interamericana de DDHH. Se dio una situación curiosa, pues aunque fue citada a declarar como testigo de la defensa, lo primero que aclaró fue que el abogado del comisario Espósito le hizo una denuncia penal hace un tiempo. De todos modos, aseguró que esa situación no afectaba que dijera la verdad de lo que supiera. Las preguntas, formuladas exclusivamente por el Dr. Argibay Molina, rondaron las formas del trámite en la causa internacional, y, sobre todo, las circunstancias por las que el gobierno de Eduardo Duhalde decidió reconocer la responsabilidad del estado argentino en la detención, tortura y muerte de Walter, motivo por el cual litigamos ante la Corte IDH no sobre los hechos, que quedaron confesos, sino sobre el sistema de normas y prácticas que facultan a las fuerzas de seguridad argentina a detener personas arbitrariamente.

Los tres testigos siguientes, comisario mayor retirado Miguel Ángel Garín; comisario inspector retirado y abogado Jorge Carrano y comisario (en actividad)Alejandro Féliz Grzelka, fueron integrantes del consejo de disciplina convocado en 2008 para re-evaluar la situación de revista del comisario Miguel Ángel Espósito. Recordemos que el sumario administrativo interno había concluido 17 años antes, meses después de la muerte de Walter, sin reproche alguno al comisario. Pero, después de la audiencia de agosto de 2008, cuando la Corte IDH exigió al gobierno argentino explicaciones por el incumplimiento de las partes más importantes de la sentencia dictada cinco años antes, una de las medidas tomadas por el poder ejecutivo para “hacer que algo hacía” fue reabrir el trámite disciplinario. El comisario inspector Carrano contó que se quiso excusar porque Espósito fue su instructor cuando era cadete, pero no lo dejaron, y que el consejo propuso que la sanción por las faltas administrativas fuera la cesantía, pero después se decretó la exoneración. La diferencia es que con la primera no perdía los derechos previsionales, aunque como ya sabemos tampoco fue así con la exoneración, pues aunque él dejó de cobrar el haber de retiro, la esposa percibe una pensión, como si fuera viuda. El comisario Grzelka contó más o menos lo mismo, aunque con más solvencia, destacando que lo único que se discutió en ese sumario fue la “grave negligencia en la conducción de un operativo con la detención de mayores y menores, donde no permaneció en la dependencia cuando las circunstancias así lo exigían“.

El que se llevó las palmas del público fue el comisario mayor Garín, que contestó al menos seis veces “la verdad, no recuerdo, fue hace varios años“, pero, en cambio, afirmó rotundamente que se ordenó la exoneración porque “éste fue un hecho gravísimo para la fuerza, por culpa de Bulacio perdimos la detención de personas en averiguación de identidad”

Atónitos por semejante afirmación, no pudimos aguantar las ganas y el diálogo fue más o menos así:

CORREPI: Comisario, ¿entendimos bien, Ud, dijo que la policía federal no tiene más la facultad de detener personas para establecer identidad desde 1991?.

Comisario: Así es (entiéndase “afirmativo”).

CORREPI: ¿Conoce la ley 23.950?

Comisario: … ehhhh… Me tendría que dar un poco más de precisiones…

CORREPI: Comisario, es la ley nacional que faculta a la policía federal y otras fuerzas de seguridad a detener personas para establecer su identidad… la averiguación de antecedentes…

Comisario: … no… no la conozco…

CORREPI: No tengo más preguntas.

Así, con semejante absurdo, terminó la última audiencia testimonial en la causa más emblemática de la lucha antirrepresiva de los pasados 30 años.

El viernes 11, a las 11:00, haremos nuestro alegato, en el que deberemos concentrar estos 22 años y medio de lucha. Y simultáneamente, en Callao y Paraguay, irá comenzando el festival al que nos sumaremos al terminar la audiencia.

Día 4 – 2 de octubre

Comenzó la cuarta jornada con la declaración de Adolfo Bormida, hoy fiscal contravencional, entonces secretario del juzgado de menores letra “O”. Relató que en su experiencia en el juzgado a cargo de Marcelo Arias, escuchó hablar sólo una vez del Memo 40, y recien se enteró de su contenido luego de la muerte de Walter. Explicó que en el juzgado tenían un criterio restrictivo respecto de la formación de actuaciones por contravenciones, especialmente sobre los “delitos” (¿?) de vagancia y de venta ambulante, puesto que era frecuentísimo el caso de detenciones a, por ejemplo, chiquitos vendiendo flores y explicó que esto sucede porque “hay comisarías más difíciles que otras porque hacen más estadística por directiva superior”, citando de muestra la comisaría 16ª con jurisdicción en Constitución.

Corroboró que el procedimiento ante la detención de un menor era la inmediata consulta y que ante su omisión “se hubiera enojado muchísimo, porque en ese momento era joven y me enojaban estas cosas”, y que en un caso como el de Walter hubiera hecho un pedido de informes y, si hubiera sido juez, una denuncia penal, siendo la situación “totalmente inadmisible”.

Luego el turno de declarar fue del ex secretario de seguridad bonaerense, ex diputado del PJ y ex juez federal, Alberto Piotti, quien fue secretario del juzgado de menores letra “O”, desde 1975, por cuatro años. Dijo que sí escuchó hablar del memo 40, no solamente durante su actuación como secretario sino también como diputado nacional por el Partido Justicialista y miembro de la comisión de Minoridad y Familia, pero que a pesar de ello no recordaba su génesis ni su redacción. Reiteró que el memo 40 “operaba a favor de los mismos menores“. Ya nervioso, intentó explicar que “no tenía como finalidad entregarle discrecionalidad a la policía” (pese a que efectivamente lo hiciera), y que su aplicación era “absolutamente supletoria”. Ante el interrogatorio de nuestra querella se evadió contestando cosas como que “valoraba y reconocía mucho nuestra actuación pero que le costaba ponerse en una posición como de perito” -aunque lo que le costaba, y tampoco tanto, era mandar al frente al comisario- pero sin poder seguir esquivando las sucesivas preguntas, hasta Piotti lo admitió: “en estos casos era absolutamente de rigor la comunicación judicial”.

La tercera declaración del dia sería de la hoy jubilada María Cristina Camiña, para entonces jueza de cámara, quien afirmó solo conocer a Espósito por las actuaciones judiciales (si bien hubiera sido correcto decir por haberlo sobreseído dos veces). Aun así, dijo que el memorando fue derogado apenas “la Cámara lo descubrió”, pues los jueces de cámara desconocían su existencia que recién se haría pública a raíz del caso de Walter. Aunque el memo “le pareció un desastre, inconstitucional y arbitrario“, intentó rescatar a Espósito una vez más con el mismo argumento por el que lo sobreseyó (dos veces): que no le tocaba al comisario rebelarse contra esa orden, sino acatarla.

El cuarto testigo de la jornada sería el abogado de policías José Hermindo María, hoy retirado, quien junto a su camarada Federico Luis Hierro, fue el primer defensor del comisario Espósito, en razón de sus cargos en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, órgano que interviene en la defensa de los policías imputados en “hechos vinculados al servicio”, que ya sabemos se trata de la represión, la tortura y el gatillo fácil, como asesinando a Walter, o a centenares que siguen defendidos “por orden superior”. El Dr. María terminaría su declaración en pocos minutos, por el “secreto profesional” derivado de haber asistido en su indagatoria al comisario.

Alicia Oliveira fue la última en declarar de esta jornada. Jueza en los ’70; hoy jubilada y candidata en la lista del burócrata “Momo” Venegas; varias veces funcionaria en el gobierno de la Alianza y con el kirchnerismo, dijo que para ella el memo 40 no era secreto pues lo conocía, y como magistrada nunca propició su derogación, aunque sus explicacuiones sólo agregaron confusión al tema, como cuando dijo que “como abogada le pedía su aplicación al juez“.

Para el fin de la jornada, las yapas son del defensor del comisario, Dr. Argibay Molina. Primero pediría al tribunal que sancione a nuestra compañera María del Carmen Verdú por hablar de la muerte de Walter ren sus intervenciones públicas, generando un “equívoco generalizado” pues en este juicio el objeto procesal determina que no se debate su muerte sino la privación ilegítima de la libertad. Segundo, pediría que se envíen notas aclaratorias a canales de televisión que hablan del tema de una manera que “prácticamente hacen una apología al delito e incitación a la violencia” al informar del caso. Por último, pidió se allane la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, por no haber sido remitido piezas de la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que él requirió.

El presidente del tribunal, Dr. Goerner, contestó que no observaría a nuestra compañera Verdú pero que se mantendrá atento al reclamo de Argibay Molina. Los otros dos pedidos fueron rechazados.

Finalmente, se dió cuarto intermedio hasta mañana, jueves 3 de octubre a las 10 de la mañana, que será la última jornada de declaraciones antes de que corresponda comenzar con los alegatos.