Qué dijimos

Notas y articulos publicados por CORREPI en los últimos 22 años.

Artículo publicado en la revista AntiRepresivo de abril de 1999:

Walter

  • 8 años de la muerte de Walter Bulacio
  • 3.000 hojas de expediente
  • 34 jueces
  • 18 apelaciones a la Cámara
  • 1 fallo unánime de la Corte Suprema
  • 73 privaciones ilegales de la libertad
  • 15 años de prisión pedidos por la fiscal
  • 3 años del pedido de pena
  • 2 años y medio de suspensión del trámite
  • SOLO DOS HORAS DE ARRESTO PARA EL RESPONSABLE

Hace más de tres años, la Causa Bulacio pasó a la etapa de sentencia. Luego del fallo unánime de la Corte Suprema en abril de 1994, que ordenó que el comisario Miguel Angel Espósito siguiera procesado, la jueza María Cecilia Maiza dictó su prisión preventiva en el mes de septiembre. Terminada la instrucción del sumario, en febrero de 1996 comenzó lo que hubiera sido el juicio oral y público si la defensa del comisario no hubiera elegido el procedimiento escrito del viejo código, vigente cuando ocurrió el hecho.

La fiscalía y la querella presentaron sus acusaciones en abril y mayo de 1996. La fiscal Mónica Cuñarro, considerando a Espósito penalmente responsable por la privación ilegal de la libertad de 73 personas, entre ellas Walter Bulacio, pidió que se lo condenara a la pena de 15 años de prisión y 30 de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Desde entonces el proceso está suspendido, porque el comisario, en lugar de contestar las acusaciones presentando su escrito de defensa, ha logrado dilatar un plazo de 6 días convirtiéndolo en tres años para escapar a la sentencia[1]. Así, se han invertido años en recusaciones, excepciones de incompetencia y nulidades y sus respectivas apelaciones, mientras el juzgado y la cámara aprovechan la capacidad inventiva del defensor del policía para demorar cuanto les sea posible dictar sentencia en una causa en la que, aparentemente, preferirían no estar interviniendo.

Los abogados de CORREPI que representamos a los padres de Walter en la causa somos los primeros en respetar y exigir que se respete el derecho de defensa en juicio, pero lo que el Poder Judicial ha permitido en estos años no cabe en esa definición garantista. No es legítimo ejercicio de la defensa en juicio plantear que la fiscal actúa con “enemistad manifiesta” porque acusó y solicitó pena, en lugar de pedir el sobreseimiento, como había hecho el anterior fiscal Chávez Paz, que dijo que la culpa de la muerte de Walter “la tuvo el rock”. No es legítimo ejercicio de la defensa en juicio pedir, cuando la causa ya está en sentencia, que intervengan los jueces federales, seguramente más confiables para el policía y su abogado. No es legítimo ejercicio de la defensa en juicio impugnar el carácter de querellantes de los padres de Walter, a casi ocho años de su legítima presentación.

Y tampoco es recta administración de justicia tardar tres años en resolver esas cuestiones, que dicho sea de paso, salvo la primera, aún están en danza, con sendas apelaciones de Espósito ante la Cámara y ante la Corte. Es un lugar común afirmar que la Justicia lenta no es justa. Pero cuando la lentitud favorece tan explícitamente las maniobras para permanecer impune de un represor, no puede usarse otro término que el de complicidad.

Miguel Angel Espósito está en libertad porque el juez Víctor Pettigiani le concedió la excarcelación luego de detenerlo durante dos horas e indagarlo en 1991. Para darle ese beneficio, tuvo en cuenta dos elementos: la pena máxima que podía recibir por los delitos imputados, y que, aunque libre, el comisario no intentaría eludir la acción de la justicia ni obstruir el proceso. Ninguna de esas consideraciones es válida en este momento. La pena que podría caberle es la que pidió la fiscalía: 15 años de prisión a cumplir. No es una pena que pueda ser beneficiada con la ejecución condicional, por lo que no tendría que estar excarcelado. Y la conducta de su defensa en el expediente demuestra que, aunque no se haya fugado -nunca necesitó hacerlo- su único objetivo es eludir la acción de la “justicia” y obstaculizar el proceso, alejándose cada vez más de la sentencia.

Con estos argumentos, entre otros, pediremos a la jueza Alicia Iermini que revoque la excarcelación de Miguel Angel Espósito, para que de esa forma espere el dictado de sentencia en una cárcel, como tantos procesados que arriesgan penas similares. Haremos la presentación el mismo día en que se cumplen 8 años de la detención de Walter Bulacio y 73 jóvenes más, exigiendo de esa forma JUICIO Y CASTIGO en las calles y en los tribunales al mismo tiempo.

Serán la jueza Iermini y los integrantes de la sala 6ª de la Cámara de Apelaciones quienes, en ese orden, deberán decidir si Espósito va preso o si se van a seguir cumpliendo aniversarios de la muerte de Walter Bulacio con el responsable en libertad. Y tendrán también que decidir si se van a animar, algún día, a condenar al comisario, o si le van a seguir haciendo el juego como garantes de su impunidad.

20 de abril de 2001, discurso de los familiares en CORREPI a 10 años de la detención y muerte de Walter: (la que habló fue Mabel Maidana, madre de Maxi, asesinado por la policía bonaerense en Talar).

Hace 10 años, el 19 de abril de 1991, era detenido y apaleado Walter Bulacio. Walter no fue el primero ni el último de una larguísima e interminable lista de víctima de la policía. Sí fueron el Caso Bulacio y la Masacre de Budge, los casos que hicieron que la sociedad empezara a ver qué la policía, con la democracia, no había dejado de asesinar y torturar a los chicos; que tenían metido muy adentro de su institución que todo lo que fuera distinto o pensara diferente a su formación reprimida era malo, malo que a un pibe de 17 años le guste el rock, malo que le guste todo lo que le gusta a un pibe a los 17 años.

Estos 10 años fueron de muchas luchas y decepciones para la familia Bulacio y en especial, para la Abuela Mary que a pesar de su edad y de su enfermedad no ha faltado a ninguna marcha y mucho menos aún a renunciar a luchar. Por el contrario, aun cuando el año pasado perdió a su hijo Víctor, padre de Walter, no piensa dejar que gane la impunidad.

Al Presidente De la Rua le preocupan los derechos humanos en Cuba ¿Y los DDHH de la Flia. Bulacio? ¿Y los DDHH de todos nosotros? ¿Acaso no nos niegan el derecho al trabajo? ¿Acaso no nos niegan el derecho a educarnos? ¿Y el derecho a la salud? ¿Y el derecho de comer todos los días? Y el derecho más importante: ¿El derecho a vivir? El presidente De la Rua se preocupa por los DDHH en Cuba y no mira para adentro de su país. Si acá estuviera todo bien Emilio Alí no estaría preso desde hace 10 meses por pedir alimentos para jubilados y niños y trabajo para todos los desocupados.
A 10 años del asesinato de Walter le decimos a nuestra querida abuela que siga luchando, siempre nos va a tener junto a ella en todo momento y lugar: Abuela: Ud. es nuestro emblema de lucha en contra de toda forma de represión y en contra de la impunidad.

También queremos recordar que se cumple un aniversario más de la muerte de Teresa Rodríguez, cuyo padre acompañó esta marcha el año pasado. Y también debemos recordar que ayer se cumplieron 6 años de la masacre del Barrio Jacarandá en Berazategui; allí fueron asesinados Pachi Bazán y Néstor Bauche, otro caso impune, ya que el policía asesino Chamorro está libre. A Nica, a Mirta, a Fabiana les decimos Fuerza y adelante con la lucha.

Boletín informativo nº 155, 23/02/2002

LA CORTE SUPREMA, BULACIO Y LA CELERIDAD PROCESAL

Hace mucho que no informamos sobre el estado procesal de la causa Bulacio, todavía en trámite ante la justicia penal argentina. No lo hicimos antes por dos motivos: Por un lado, en lo esencial el expediente seguía igual que en abril/mayo de 1996, cuando respectivamente la fiscalía y la defensa presentaron sus acusaciones y pidieron pena contra el ex comisario Miguel Angel Espósito, procesado por la detención ilegal de 73 personas el 19/04/91, entre los que se encontraba Walter Bulacio (17), quien trasladado de la comisaría a un hospital murió el 26/04/91. Por otra parte, explicar los motivos por los que seis años después la situación procesal continúa congelada requeriría becar a cada lector para un curso intensivo de derecho procesal penal con especial orientación al criollo instituto de la chicana, de modo que mínimamente su pudiera entender la sucesión de nulidades ridículas, apelaciones inverosímiles y planteos incidentales de todo tipo con los que Pablo Argibay Molina -defensor del comisario- logró su objetivo de entretener a la jueza Alicia Iermini y a los camaristas de la Sala Sexta, que aliviados de no tener que ir al fondo del asunto se vienen haciendo los enojados pero le dan trámite a cualquier cosa que les presenta.

Una de nuestras quejas por el lento tramitar fue rechazado por la jueza de primera instancia, quien además nos intimó a abstenernos de hacer manifestaciones que “no correspondan” bajo apercibimiento de remitir testimonios a la Comisión de Disciplina del Colegio de Abogados. Como nos asustamos tanto, el 19 de julio de 2001 interpusimos un recurso de queja directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por privación de justicia, solicitando que se tomen las medidas correspondientes para asegurar la continuación de la causa penal.

En estas épocas en que hasta los pajes de ayer quieren echar a los cortesanos, los ministros de la Corte Suprema se esfuerzan en sacar resoluciones populares a ver si aparece algún despistado que los defienda. Por ese motivo, o por el que fuera (a lo mejor, también por lo excesivamente obvio de la connivencia defensa-juzgado-cámara en llegar a la prescripción de las acusaciones), lo cierto es que la Corte, después de 6 meses, se dignó ordenar a los señores jueces de la causa que adopten las medidas necesarias para evitar que la etapa de plenario se vea paralizada a raíz de las diferentes incidencias intentadas. Hágase saber a la titular del juzgado nacional en lo criminal de instrucción nº 48 y al señor presidente de la sala sexta de la cámara nacional de apelaciones en lo criminal y correccional. (Las minúsculas son nuestras). Firmado: Nazareno, Moliné O’Connor, Belluscio, Fayt, Petracchi, Boggiano, López, Vázquez y Bossert.

Inmediatamente después que esta resolución-tirón de orejas de la Corte fue notificada, recibimos otra cédula. En ella se nos informaba que la jueza Iermini se ha tomado licencia por vacaciones (parece que trabajó agotadoramente en la feria), y el juez Grispo, que la reemplaza interinamente, resolvió que, dada la complejidad del expediente, no va a tramitar hasta que la titular regrese, porque no puede ponerse a estudiar los quince cuerpos… ¡Eso es celeridad procesal!

Discurso de CORREPI en la marcha de los 11 años (2002):

Hace 11 años, Walter Bulacio quiso ir a un recital de rock. Él y otros cien chicos fueron detenidos por la policía federal y encerrados en la comisaría 35ª. De la comisaría fue trasladado a un hospital. Una semana después, Walter moría, sin saber que su nombre se convertiría en bandera de lucha contra la represión y la impunidad.

Hace más de seis años la Causa Bulacio pasó a la etapa de sentencia. La fiscal y la querella presentaron sus acusaciones en abril y mayo de 1996. Se pidió a la jueza que condenara al ex comisario Miguel Angel Espósito a la pena de 15 años de prisión y 30 de inhabilitación.

Desde entonces el proceso está suspendido, entre recusaciones, excepciones, incidentes y nulidades que el juzgado y la cámara aprovechan para demorar la sentencia en una causa en la que preferirían no estar interviniendo.

La justicia del sistema quiere cerrar la causa por prescripción el próximo 16 de mayo, mientras crecen en nuestro país la miseria y exclusión, mientras se criminaliza la pobreza y se reprime policial judicialmente a los explotados.

La justicia que va a cerrar la causa Bulacio es la misma que encarcela a los luchadores populares, la que protege banqueros y funcionarios corruptos y garantiza la impunidad de los represores.

Así como la miseria y la desocupación son la consecuencia obvia de la violencia económica del sistema, la represión es la consecuencia necesaria de su violencia social. La lucha antirrepresiva no puede concebirse como un mero reclamo sectorial de víctimas o familiares de víctimas, o como una pelea desideologizada, sino que debe ser parte de una lucha con conciencia de clase frontalmente dirigida a la transformación social.

Nosotros, los que hace 11 años marchamos todos los años esta Plaza reclamando justicia para Walter y para todos lo asesinados y reprimidos por el estado, sabemos que sólo la lucha popular puede terminar con la REPRESION y la IMPUNIDAD.

Por eso compañeros,

POR WALTER Y POR TODOS, POR LOS CAIDOS el 20 de diciembre, POR MÁS DE 1.100 PIBES VICTIMAS DEL GATILLO FÁCIL O MUERTOS EN LA TORTURA DESDE 1983, Por los 30.000 desaparecidos,

JUICIO Y CASTIGO A LOS ASESINOS DE AYER Y DE HOY
¡BASTA DE REPRESION – BASTA DE IMPUNIDAD!

Boletín informativo nº 165, 4/5/2002

CASO BULACIO

Ante la intimación cursada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado Argentino a raíz de la inminente prescripción de la causa ante los tribunales nacionales, la jueza Iermini, que durante 6 años se la pasó apañando la estrategia dilatoria del imputado Espósito, parece que se dio cuenta que es la jueza del proceso y le corrió traslado para que su abogado conteste la acusación. Ello sí, bajo apercibimiento de apartarlo de la defensa –como varias veces habíamos pedido los abogados de CORREPI- y pasársela a un defensor oficial. Veremos cual será la próxima chicana y el próximo encubrimiento del poder judicial.

En esta semana hubo noticias vinculadas a dos coprotagonistas del Caso Bulacio: Primero el comisario Espósito fue herido en un intento de robo en la puerta de su casa en la calle Castañon, donde varias veces lo fuimos a escrachar. De manera discordante con lo que la Federal hace habitualmente, trataron por todos los medios de ocultar el hecho y no lo presentaron a Espósito como un mártir ni una víctima de los tenebrosos delincuentes. Un solo diario confirmó que era el mismísimo Miguel Angel Espósito que vive en Castañón al 1400, mientras los demás se preguntaban porqué la información sobre el hecho estaba tan reservada que ni la identidad del policía les dieron. Evidentemente, a pesar de que la federal ha cuidado de Espósito a lo largo de estos 11 años como se hace con un hijo dilecto, saben que es impresentable.

Otro protagonista principal de la causa también fue noticia, pero porque se murió: Julio Mera Figueroa, ministro del Interior cuando mataron a Walter Bulacio. El ultramenemista fue quien, entre otras cosas, preparó toda la estrategia defensista y el que pagó U$S 50.000 (cincuenta mil dólares estadounidenses) para contratar al abogado Pablo Argibay Molina, defensor de varios alcahuetes del poder de entonces.

El dinero fue pagado con Fondos Reservados del Ministerio del Interior, o sea que todos los argentinos hemos colaborado en la defensa institucional del Crio. Espósito.

Boletín informativo nº 166, 12/05/2002

CASO BULACIO: EL CUENTO DE NUNCA ACABAR

Decíamos en el Boletín anterior que, como consecuencia de las fuertes denuncias nacionales e internacionales promovidas sobre la inminente prescripción de la acción penal en la Causa Bulacio, la jueza Alicia Iermini activó el trámite el 29 de abril pasado, y nos preguntábamos hace una semana cuál sería la nueva movida dilatoria de la defensa del comisario Espósito para volver a paralizarlo.

Una vez más “la realidad supera la ficción” como dicen los comentadores televisivos, y la inventiva del abogado del comisario deja a Kafka reducido a ser un simple narrador costumbrista. El Dr. Pablo Argibay Molina (el mismo que supo defender a indefendibles como Menem, Cavallo, Yabrán, Matilde Menéndez y otras joyitas por el estilo), en lugar de contestar las acusaciones de las que por sexta vez en seis años le corrieron traslado, decidió recusar a la jueza argumentando ella es parcial porque le ordenó contestar la vista en el plazo de rigor sin prórroga alguna bajo apercibimiento de apartarlo de la defensa. La causa pasó entonces a otro juzgado (el nº 45), que deberá expedirse sobre la recusación, tan ridícula como aquella vez que recusó a la fiscal por “enemistad manifiesta” fundado en que la funcionaria acusó muy duramente a su cliente (como si no fuera trabajo de la fiscal acusar a los imputados que considera culpables).

Lo cierto es que para cuando se resuelva la recusación (aunque lo hicieran mañana mismo) ya no hay tiempo para que antes del 16 de mayo (este jueves) se retome el trámite y pasemos a la siguiente etapa del juicio plenario, lo que equivale a decir que, formalmente hablando, ya podemos asegurar que la Justicia Argentina ha dejado impune una causa más. Prepárense señores jueces, porque ya se sabe: SI NO HAY JUSTICIA, HAY ESCRACHE.

Comunicado cuando echaron a la querella de la causa, 11 de junio de 2002:

PARA LA CÁMARA CRIMINAL, LA MADRE DE WALTER BULACIO NO TIENE DERECHO A SER PARTE EN LA CAUSA JUDICIAL

La Sala Sexta de la Cámara del Crimen resolvió el jueves pasado apartar de las actuaciones a Graciela Scavone, madre de Walter Bulacio, quien desde el fallecimiento de Víctor Bulacio, su papá, hace dos años, continuaba como única querellante contra el comisario de la policía federal Miguel Angel Espósito.

La causa Bulacio se inició tres días después de la detención de Walter Bulacio (17), ocurrida en la comisaría 35ª el 19 de abril de 1991, cuando el personal médico del Sanatorio Mitre denunció a la comisaría de su zona (7ª) el ingreso de un menor con traumatismos y golpes faciales con un grave cuadro neurológico.

El 26 de abril, Walter falleció. Desde entonces a la fecha, intervinieron en el expediente -que tiene 17 cuerpos de 200 fojas cada uno- más de 30 jueces de primera instancia, de cámara y de la Corte, sin contar que muchos de ellos lo hicieron de manera reiterada (la causa subió a Cámara en por lo menos 26 oportunidades, a razón de casi tres veces por año calendario, y la Corte intervino dos veces).

En mayo de 1992, la Cámara sobreseyó al comisario Miguel Ángel Espósito, y sólo los padres de Walter, constituidos como querellantes, impulsaron la continuación de la causa. El 5 de abril de 1994, la Corte Suprema hizo lugar a la queja de la querella, revocó el sobreseimiento, y ordenó volver a procesar al comisario.

En marzo de 1996 se clausuró la instrucción, elevándose a plenario con el procesamiento firme del comisario Miguel Angel Espósito por el delito de privación ilegal de la libertad calificada, reiterado en 73 oportunidades. En el Juzgado de Menores n° 4 quedaron reservadas copias de todo el expediente, con el sobreseimiento provisorio de los demás delitos imputados (lesiones seguidas de muerte, torturas, etc.), a la espera de que surgieran nuevas pruebas que permitieran reabrir la investigación al respecto. El plenario sería escrito, pues ante la entrada en vigencia del código de procedimientos reformado que introdujo el juicio oral la defensa eligió el viejo sistema escrito.

En abril y mayo de 1996 la fiscalía y la querella presentamos las acusaciones formales, requiriendo la primera 15 años de prisión y 30 de inhabilitación por los 73 delitos, mientras la querella, sólo por la víctima Bulacio, se sumó reclamando 6 años de prisión y 12 de inhabilitación.

El siguiente paso procesal consistía en la contestación de las acusaciones por parte de la defensa, para lo cual el código prevé un plazo de 6 días prorrogable dos veces. Una vez presentado ese escrito de la defensa, se pasaría a la etapa final antes de la sentencia, la prueba y los alegatos. La defensa nunca contestó las acusaciones, pues hasta el día de hoy dilató el plazo de 6 días convirtiéndolo en más de 6 años, a través de una increíble sucesión de excepciones, nulidades, recusaciones, y otros incidentes sólo dirigidos a lograr que pasara el tiempo y operara la prescripción de la acción penal. Es la típica estrategia del culpable, que como nada puede argumentar en su defensa trata que el transcurso del tiempo le permita eludir una condena de otra forma inevitable.

Esta estrategia defensista sólo puede prosperar cuando se suma a ella la inactividad y el desinterés judicial. En la Causa Bulacio no se trata sólo de la ineficiencia estructural de la administración de justicia, sino que hubo una colaboración expresa del estado para que se consumiera el tiempo útil en verdaderas estupideces, llevando la causa al filo de la prescripción, porque con cada incidencia se suspendió el trámite de los autos principales, que están hoy en la misma situación que en junio de 1996.

Desde CORREPI venimos denunciando en todos los foros y por todos los medios a nuestro alcance estas maniobras y su objetivo final de garantizar la impunidad de otro represor, esta vez de la “democracia”. En 1997, al cumplirse el primer año de la paralización del trámite, formulamos denuncia ante la Comisión Interamericana de DDHH, por violación a los derechos garantizados en el Pacto de San José de Costa Rica (Convención Interamericana de DDHH). La denuncia fue declarada admisible, y en diciembre de 2000 la CIDH notificó al Estado Argentino su informe favorable a los peticionarios. El estado nada contestó y menos hizo, por lo que la Comisión y la familia Bulacio lo demandaron ante la Corte Interamericana de DDHH, que por primera vez dio trámite a una causa argentina originada en un hecho de represión policial.

Instamos durante años a los jueces intervinientes (Dra. Alicia Iermini del Juzgado Criminal n° 48, y Sala Sexta de la Cámara, Dres. Carlos Alberto González y Luis Ameghino Escobar) a reanudar el trámite. Nos presentamos por queja directa ante la Corte Suprema en julio de 2001, denunciando las maniobras dilatorias. El 7 de diciembre del mismo año la Corte en pleno hizo lugar a la queja y ordenó a los jueces que evitasen la paralización del expediente por las reiteradas incidencias de la defensa. Pese a las declamaciones de la Corte, la Cámara y la Jueza, todo siguió funcionando igual.

Denunciamos públicamente la situación en cada marcha, en cada acto, en cada entrevista. A medida que se acercaba la fecha de la posible prescripción intensificamos, con el apoyo de organizaciones sociales, estudiantiles, políticas y de DDHH, la campaña pública contra el cierre de la Causa Bulacio, mientras seguíamos ametrallando con presentaciones al cómplice aparato de justicia. Una mañana de abril, la Plaza Lavalle amaneció cubierta de pasacalles que con la firma del comisario Miguel Angel Espósito agradecían a los jueces la impunidad. A las 10 de la mañana sólo dos pancartas, inaccesibles, flameaban frente a la entrada del juzgado.

En estos últimos meses, familiares de víctimas de otros casos de represión policial, personalidades vinculadas a los Derechos Humanos y hasta la propia Corte Interamericana han expresado a los jueces su preocupación ante el inminente cierre de la causa y la consagración de la impunidad. El trámite sigue suspendido hasta hoy, y a partir de lo resuelto el jueves 6 de junio de 2002 nunca se llegará a una sentencia.

La Sala Sexta de la Cámara de Apelaciones, con la firma de dos de sus integrantes -los Dres. González y Ameghino Escobar- pues el tercero, Dr. Carlos Elbert, está apartado de la causa por haber sido coautor del sobreseimiento del comisario en 1992-, han resuelto poner fin a la intervención de la madre de Walter en la causa. Con un argumento técnico planteado por la defensa del imputado, resolvieron que Graciela Scavone, querellante junto al papá de Walter desde el 2 de mayo de 1991 y quien continuó sola con la querella desde que Víctor falleciera hace dos años, no tiene derecho a ser parte, porque el delito por el cual Espósito está procesado no es homicidio ni otro delito contra la vida.

La cuestión jurídica es insostenible, pero la decisión esencialmente confirma el rol de los jueces en la implementación de las políticas represivas del Estado. Todo el esfuerzo del estado, desde 1991, se ha dirigido a archivar la Causa Bulacio y a tratar de ocultar su trascendencia como bandera de lucha contra la represión y la impunidad. Y es lógico que así sea, porque el asesino de Walter Bulacio es el Estado Argentino, que se defiende defendiendo a los ejecutores de sus políticas.

Por nuestra parte, la familia Bulacio y la CORREPI, la sentencia de la Cámara nos hace sentir muy orgullosos. El único recurso que encontró el estado para poder cerrar la causa Bulacio fue echarnos como querellantes. Han admitido que, por once años, el único obstáculo para la impunidad fue la querella. Y como no nos pueden callar, ahora nos quitan el derecho de ser parte, nos expulsan para poder archivar el expediente sin nuestra molesta presencia señalándoles a quién sirven, y por qué razones.

Ayer por la mañana interpusimos recurso extraordinario contra esta sentencia, con muy breves considerandos porque no estamos discutiendo una cuestión técnico jurídica, sino una decisión política, una razón de estado. Sabemos que ese recurso va a ser rechazado, y ya hemos manifestado que no vamos a recurrir en queja ante la Corte, porque no queremos quejarnos más. Seguiremos peleando por Justicia para Walter en la jurisdicción internacional, donde ya ganamos la primera batalla, y donde más nos interesa, en la conciencia colectiva, la que se expresa cuando los pibes cantan Yo sabía que a Walter lo mató la policía. Hemos cumplido nuestro objetivo. Y quedó demostrado que nos tienen que echar de la causa para intentar cumplir el de ellos.

Buenos Aires, 11 de junio de 2002.

Acá están las tapas de Crónica y Página/12 cuando se conoció la sentencia de la Corte IDH:  http://correpi.lahaine.org/?p=146

Convocatoria a uno de los escraches a la casa de comisario, a 13 años de la muerte de Walter:

WALTER BULACIO

1991-2004: 13 AÑOS DE IMPUNIDAD

POR WALTER Y POR TODOS, ESCRACHE AL COMISARIO ESPÓSITO

Lunes 3 de mayo, 18:30, nos concentramos en Av. Eva Perón y Varela (una cuadra del subte “E”, est. Varela) para marchar a la casa del asesino.

CON LA LUCHA LOGRAMOS LA EXONERACIÓN

AHORA VAMOS POR CONDENA Y CÁRCEL

El responsable de la muerte de Walter Bulacio vive en CASTAÑON 1437, Capital Federal.

  • Fue el jefe de la “razzia” y el titular de la Cria. 35ª en la que estuvo detenido Walter.
  • Fue procesado en la Causa Bulacio en 1991.
  • Fue nombrado Jefe de la División Índice de la Policía Federal a pesar de su procesamiento.
  • Su defensa fue pagada con fondos reservados del Ministerio del Interior a cargo de Mera Figueroa.
  • Lo defiende el mismo abogado que tuvieron Yabrán, Neustadt, Matilde Menéndez, Menem, Cavallo y otros poderosos.
  • Su hermano fue Segundo Jefe de la custodia del presidente Menem.
  • Terminó su carrera judicial como docente en la Escuela Ramón L. Falcón, enseñando a los cadetes cómo tratar menores en una comisaría.
  • Se jubiló por decisión propia en 1995.
  • Desde 1994 tuvo prisión preventiva pero estuvo excarcelado.
  • Hace 8 años la fiscal de la causa pidió 15 años de prisión y 30 de inhabilitación.
  • Hace dos años su abogado consiguió que los jueces echaran a la familia Bulacio como querellantes en la causa.
  • Dos meses después la acción penal prescribió por inacción de la justicia.
  • Desde 1991 sólo estuvo detenido 2 horas y media.
  • En septiembre de 2003 la Corte Interamericana de DDHH condenó al estado argentino por la detención ilegal y muerte de Walter, ordenó que se reponga a la querella y que se rechace la prescripción para que la causa tenga sentencia. El estado no cumplió hasta ahora ninguna de las dos cosas, sólo el Fiscal de Investigaciones Administrativas pidió a la PFA la exoneración de Espósito.

SI NO HAY JUSTICIA, HAY ESCRACHE

BASTA DE GATILLO FÁCIL Y TORTURAS

BASTA DE DETENCIONES ARBITRARIAS

BASTA DE REPRESIÓN

Comunicado del 8 de octubre de 2004:

LA VERDADERA POLÍTICA DE DDHH DEL GOBIERNO

A un año de la histórica condena al Estado en el caso Bulacio, Argentina desobedece el fallo internacional, mantiene la impunidad y profundiza la cotidiana violación a los DDHH.

Hace exactamente un año, el estado argentino fue notificado de su primera condena internacional en un caso de represión policial. La Corte IDH, en el caso Bulacio, condenó a la Argentina por la violación de los derechos humanos de Walter Bulacio y su familia, y también dispuso que se revisara el sistema de facultades policiales para detener personas arbitrariamente.

Respecto de la causa interna, el organismo internacional -cuyas resoluciones son obligatorias para el estado argentino- ordenó que se repusiera a la familia como querellante, que se rechazara la prescripción planteada por la defensa del comisario Miguel Angel Espósito por tratarse de un delito de lesa humanidad, y que se continuara sin más dilaciones hacia la sentencia, con una plena investigación y castigo de los responsables por la detención y muerte en 1991 del adolescente.

Además, la Corte IDH admitió que, como alegaron los representantes de la familia Bulacio ante el tribunal internacional en Costa Rica, en Argentina hay normas y prácticas no normadas que habilitan a las fuerzas de seguridad a detener personas arbitrariamente, refiriéndose en el primer caso a la detención por averiguación de antecedentes o para identificar y a los códigos contravencionales y en el segundo a las razzias . En este sentido, la sentencia ordena al estado argentino a cesar esas prácticas policiales y revisar las normas que permiten realizar detenciones fuera de los supuestos admitidos en la Convención Interamericana, adecuando su sistema jurídico a los compromisos asumidos al firmar el pacto regional.

Sin embargo, a un año de la notificación formal, NADA HA HECHO EL ESTADO ARGENTINO EN RELACIÓN A ESTAS DOS CUESTIONES CRUCIALES.

La causa judicial, actualmente radicada ante la Corte Suprema, sigue en el mismo estado que cuando se conoció la condena de la Corte IDH. El expediente ha circulado en este año por siete despachos de los miembros de la Corte, en algunos casos dos y tres veces, sin acatar la sencilla orden del tribunal internacional: reponer a la familia como querellante, rechazar la prescripción y continuar el trámite hacia la sentencia. Para que se entienda con claridad: en estos doce meses, el expediente E 224 pasó por las manos de:

Zaffaroni

Belluscio

Petracchi

Maqueda

Boggiano

Zaffaroni (2ª)

Belluscio (2ª)

Maqueda (2ª)

Vázquez

Fayt

Petracchi (2ª)

Belluscio (3ª)

Maqueda (3ª)

¿Qué están discutiendo tan arduamente los cortesanos? ¿Si cumplen lo ordenado por un Tribunal Superior? ¿Para que necesitan ver el expediente dos y tres veces? ¿Hay algo que no entiendan? ¿Necesitan ayuda para decretar hágase como dice la Corte IDH?

Por otra parte, lejos de adecuar prácticas y normas para impedir detenciones policiales arbitrarias, se han generado mejores condiciones para ello con la reforma del código contravencional de la ciudad de Buenos Aires; todas las provincias mantienen sus propios códigos de faltas o contravencionales, que en algunos casos marchan también hacia reformas más represivas. La facultad policial para detener personas para identificar o en averiguación de antecedentes sigue produciendo arrestos ilegales en todo el país, y las razzias son cotidianas.

El gobierno argentino declama la defensa de los Derechos Humanos mientras garantiza la impunidad y profundiza sus políticas represivas. Más de 1.600 muertos por el gatillo fácil y la tortura en esta “democracia”, cientos de personas arbitrariamente detenidas por día, medio centenar de presos políticos y varios miles de procesados por luchar desenmascaran la verdadera política de DDHH del estado argentino.

Comunicado (después del fallo de la CSJN del 23/12/04 que receptó el fallo de la Corte IDH).

CASO BULACIO: CUMPLIR A MEDIAS NO ES CUMPLIR

24 de diciembre de 2004

El estado argentino, cuyo gobierno nacional tanto declama el respeto a los DDHH, sigue sin cumplir la condena que le impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El fallo de la Corte Suprema que ordena reabrir la causa Bulacio no cumple con lo ordenado por la Corte Interamericana de DDHH al estado argentino. Los cortesanos se negaron a reconocer el carácter de CRIMEN DE LESA HUMANIDAD al crimen policial, no repusieron a la querella como parte en la causa y no apartaron del trámite futuro a los jueces señalados por el tribunal internacional como responsables de la gravísima situación de impunidad.

De acuerdo a la información periodística -no hemos podido conocer el fallo- la Corte Suprema en pleno ha resuelto que se debe retomar el trámite de la causa por la detención y muerte de Walter Bulacio, que la Sala Sexta de la Cámara Criminal declaró prescripta en diciembre de 2002. Después de dos años de tener la causa en sus despachos, los supremos se apuraron a resolverlo luego de que el ministro Rosatti les pidiera ayuda frente a la intimación cursada hace dos semanas al estado argentino por la Corte IDH.

La Corte Suprema consideró que la acción penal no está prescripta, pero se negó expresamente a reconocer al hecho el carácter de crimen de lesa humanidad. La decisión de los jueces de la “renovada Corte”, que dejan a salvo su opinión personal contraria a la de la Corte IDH, demuestra que el estado argentino no está dispuesto, ni con este gobierno ni con ningún otro que represente similares intereses, a admitir que todo crimen cometido por sus fuerzas de seguridad es un CRIMEN DE LESA HUMANIDAD. Mientras no tienen problemas en declamar la defensa de los DDHH cuando del pasado se trata, los jueces se disciplinan frente a la necesidad institucional de defender a los ejecutores actuales de su política represiva, que asesinan un joven como Bulacio cada 55 horas.

Tampoco obedecieron los cortesanos la orden de reponer a la querella, arbitrariamente expulsada del expediente en octubre de 2002, ni apartaron del trámite futuro a los jueces y camaristas señalados por el tribunal internacional como responsables por la gravísima situación de impunidad. Se limitaron en este punto a remitir los antecedentes al Consejo de la Magistratura. Sin querellantes molestos no habrá quién los recuse, y podrán volver a cerrar la causa cuando se apaguen los ecos de los titulares de los diarios.

Lejos están los tiempos en que el Supremo Raúl Eugenio Zaffaroni decía “las detenciones arbitrarias son la puerta de acceso a la tortura”. En su voto considera que la sentencia que hizo lugar a la prescripción no fue arbitraria, releva de responsabilidad al comisario Espósito y su defensa técnica por la sucesión de “chicanas” toleradas por el poder judicial que llevaron a la parálisis del trámite desde junio de 1996, y considera el hecho como un delito común.

A este insuficiente cumplimiento de lo ordenado respecto de la causa penal, se suma el silencio absoluto de los restantes poderes del estado frente a la intimación a eliminar las normas y prácticas no normadas que facultan a las policías y otras fuerzas de seguridad a realizar detenciones arbitrarias, que la Corte IDH señala como el marco institucional que facilitó la muerte de Walter Bulacio. Mientras subsistan la averiguación de antecedentes, las contravenciones y las razzias, y mientras no haya juicio y castigo a los responsables de la detención y muerte de Walter Bulacio, el estado argentino persistirá en su incumplimiento del fallo internacional.

30 de abril de 2006

Marcha y acto a 15 AÑOS del asesinato de Walter en Plaza de Mayo:

-Consignas:

  • A 15 años de la detención y muerte de Walter Bulacio, MARCHAMOS de CONGRESO a PLAZA DE MAYO
  • POR WALTER Y POR TODOS:
  • ¡BASTA DE REPRESIÓN, TORTURAS Y GATILLO FÁCIL!
  • Porque el “gobierno de los DDHH” asesina un pibe día por medio con el gatillo fácil o la tortura en cárceles y comisarías.
  • Porque la gendarmería está en Las Heras, pero también patrulla los barrios pobres para enseñarles quién manda.
  • Porque la averiguación de antecedentes, los códigos de faltas y contravenciones son las herramientas que el estado otorga a sus fuerzas de seguridad para reprimir más y mejor.
  • Porque no hay purga ni reforma que pare el gatillo fácil y la tortura.
  • Porque con hambre, represión y presos políticos no hay derechos humanos.

Discurso de CORREPI en Plaza de Mayo:

Hace 15 años que venimos a esta plaza para repetir que todos sabemos que a Walter, como a casi 2.000 pibes más, lo mató la policía, lo mató el estado que, tenga el gobierno que tenga, mientras defienda los intereses de los poderosos, necesita reprimir para imponer sus políticas de entrega y opresión.

Los jueces argentinos, incluyendo a la que llaman la “renovada” Corte Suprema, muestran hace 15 años que cumplen al pie de la letra lo que les ordenan sus patrones políticos, y que este estado no está dispuesto, ni con este gobierno ni con ningún otro, a admitir que todo crimen cometido por sus fuerzas de seguridad es un CRIMEN DE ESTADO y una VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS. Porque no tienen problemas en declamar la defensa de los DDHH cuando del pasado se trata, pero se disciplinan frente a la necesidad institucional de defender a los ejecutores actuales de su política represiva, que asesinan un joven como Bulacio día por medio.

Los jueces, como los policías, son también simples ejecutores de la política estatal. Como decimos siempre, no es un policía, es toda la institución. Tampoco es uno o un puñado de jueces, es el aparato judicial del estado. Del estado que hoy es administrado por este gobierno nacional, que bate el parche de los DDHH, e hizo lo imposible por tratar de apropiarse del 24 de marzo, intentando silenciar la denuncia clara y contundente de la represión actual, y que utiliza el gatillo fácil, la tortura y las detenciones arbitrarias tanto como lo necesita para ejercer el control social sobre los jóvenes, los pobres, y especialmente los jóvenes pobres, mientras redobla la persecución a las organizaciones populares, enjuicia y encarcela a sus militantes, y militariza toda zona donde el conflicto social se ponga en evidencia.

Al mismo tiempo, busca denodadamente legitimación para reprimir más, mejor, y sin costo político, y para eso tanto vale reunirse con Blumberg como abrazar a la madre de un desaparecido que se sube al palco oficial. Por eso desde CORREPI decimos que Kirchner gobierna aplicando toda la represión necesaria, y buscando todo el consenso posible, y que desde las organizaciones populares debemos ser muy claros: con represión, con gatillo fácil, con torturas, con presos políticos, no hay derechos humanos.

El mismo gobierno que se quiere instalar como defensor de los DDHH del pasado es el que encarcela a los luchadores populares de hoy, el que fusila en los barrios, el que protege banqueros y funcionarios corruptos y garantiza la impunidad de los represores. El mismo gobierno que se lava la cara con purgas a la PFA mientras asciende sus cuadros represores y destina fortunas al reequipamiento del aparato policial.

Así como la miseria y la desocupación son la consecuencia obvia de la violencia económica del sistema, la represión es la consecuencia necesaria de su violencia social. La lucha antirrepresiva no puede, por eso, entenderse sólo como un reclamo sectorial de víctimas o familiares de víctimas, o como una pelea desideologizada, sino que debe ser parte de una lucha con conciencia de clase frontalmente dirigida a la transformación social, encarada consecuentemente por todos y cada uno de nosotros.

Los que hace 15 años marchamos a esta Plaza reclamando justicia para Walter y para todos los asesinados y reprimidos por el estado, sabemos que sólo la lucha popular puede terminar con la REPRESION y la IMPUNIDAD.

Por eso compañeros,

 POR WALTER Y POR TODOS,

 POR LOS CAÍDOS EN TODAS LAS LUCHAS POPULARES,

 POR MÁS DE DOS MIL PIBES ASESINADOS POR EL GATILLO FÁCIL Y LA TORTURA DESDE 1983,

 POR LOS 30.000 DESAPARECIDOS,

 BASTA DE GATILLO FÁCIL, TORTURA Y REPRESIÓN,

 LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS,

 JUICIO Y CASTIGO A LOS ASESINOS DE AYER Y DE HOY,

 CONTRA LA REPRESIÓN, ORGANIZACIÓN Y LUCHA.

Comunicado después de la audiencia Corte IDH en Montevideo (15 de agosto de 2008):

El estado argentino -que mata un pibe cada cuarenta horas- reconoció que la sentencia en la causa Bulacio sigue incumplida.

En la audiencia convocada por la Corte Interamericana de DDHH (Corte IDH) a fin de que el estado argentino de explicaciones sobre el incumplimiento de la sentencia dictada el 18 de setiembre de 2003 en el caso Bulacio, representantes del ministerio de justicia seguridad y derechos humanos debieron admitir que los dos puntos principales de la condena siguen incumplidos. Las abogadas de CORREPI, que representaron a la víctima, señalaron que las medidas anunciadas por el estado a cinco años de la condena, no son oportunas ni suficientes, ni modificarán las permanentes violaciones a los derechos humanos que comete el aparato represivo argentino, con un promedio de una muerte por gatillo fácil y tortura día por medio.

En la audiencia realizada esta mañana en Montevideo, estuvieron presentes el Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y la Directora de Asuntos Internacionales de la Secretaría, Andrea Gualde, quien admitió ante tres de los jueces de la Corte IDH -Sergio García Ramírez, Manuel Ventura Robles y Margarette May Macaulay-, que a cinco años de la condena dictada por el tribunal internacional, el estado argentino no ha cumplido. Gualde enumeró las medidas anunciadas el martes pasado por el Ministro de Justicia, Aníbal Fernández, como la designación de Duhalde como querellante en la causa penal interna, y “la creación de una comisión de expertos para adecuar la legislación en materia de detención de personas a los estándares constitucionales y de derechos humanos”.

Para tratar de explicar la paralización de la causa penal interna, pese a la apariencia de trámite que le dan los permanentes recursos dilatorios de la defensa, la representante del estado recurrió al remanido argumento de la división de poderes, lo que hizo que la jueza Macaulay se manifestara “pasmada” ante la inacción del gobierno para asegurarse que sus jueces cumplan con las obligatorias sentencias de la Corte IDH. “Si los jueces argentinos no saben que nuestras decisiones son obligatorias para ellos, el poder ejecutivo podría organizar seminarios para que lo aprendan”, dijo la magistrada que representa a Jamaica.

Las integrantes de CORREPI explicaron a los jueces que la política de estado que ocasionó la muerte de Walter Bulacio hace 17 años, es la misma que hoy mata a chicos que no habían nacido entonces, a un promedio de uno cada 40 horas. Señalaron que buena parte de los casos registrados en sus archivos corresponden a personas detenidas en comisarías sin haber cometido delito alguno, en virtud de las facultades policiales para “identificar” o “averiguar antecedentes”, o de los códigos de faltas o contravenciones. En un informe escrito presentado en conjunto por CORREPI, CELS y CEJIL, se adjuntaron, entre otros anexos, los listados de unos 15 casos similares al de Bulacio, todos ocurridos en comisarías argentinas después de la sentencia de septiembre de 2003.

Sobre el anuncio de que la Secretaría de DDHH sería querellante en la causa, María del Carmen Verdú subrayó que el estado, lejos de ser la víctima en el caso Bulacio, es, como en todo caso de gatillo fácil o torturas, el victimario, que no puede pretender ser querellante. Aunque, aclaró, “eso lo deberá decidir el juez de la causa, que bien podría dar al gobierno represor el derecho a ser parte que desde 2002 se nos niega a nosotros como apoderados de la familia, pese a la orden de la Corte de reponernos como querellantes”.

Respecto de la derogación de las normas y prácticas que habilitan a las fuerzas de seguridad argentinas a detener personas fuera de los supuestos de flagrancia o de orden judicial, la representante del estado usó el carácter de país federal de Argentina para justificar el incumplimiento. CORREPI, en cambio, sostiene que ningún gobierno, ni éste ni ningún otro, mientras ejerza el poder en nombre de los que tienen todo, y quieren tener más, querrá desprenderse de esas valiosas herramientas para el control social. “No hace falta una comisión de notables para que el PEN mande al congreso el proyecto de derogación de la ley 23.950 de averiguación de antecedentes, o para que inste a los gobiernos provinciales y la ciudad de Buenos Aires a derogar los códigos contravencionales o sus normas locales sobre Doble A, – dijeron las abogadas Verdú y Góngora- La prometida ‘Comisión de Notables’ para estudiar el tema es una típica aplicación de la doctrina peronista histórica: cuando te quieras sacar un tema de encima, armá una comisión, decía el ex presidente Juan Perón”.

Por último, los abogados de CORREPI, CELS y CEJIL peticionaron a la Corte IDH que tome medidas más activas para asegurar el cumplimiento de su condena por parte del estado argentino, y solicitaron que se requieran en forma directa a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura y al Poder Ejecutivo Nacional, informes sobre las causas por las cuales no se ha cumplido todavía.

Después de la audiencia, en ronda de prensa, dijeron las representantes de CORREPI: “Es un verdadero agravio a todas las víctimas de la represión policial que los representantes de un gobierno que administra el estado argentino hace cinco años vengan a llorar lágrimas de cocodrilo y a hacer promesas de un cumplimiento en el que llevan esos mismos cinco años de demora”.

La Corte IDH sesionará en noviembre próximo, fecha en la que puede emitir su decisión sobre lo planteado, aunque los jueces fueron claros en manifestar su preocupación por la falta de cumplimiento y la ausencia de interés real en hacerlo.

Boletín informativo nº 493, 17/8/2008

LAS MENTIRAS DE CRISTINA, ANÍBAL Y EDUARDO LUIS EN EL CASO BULACIO

Supongamos que, cruzando la calle, un chofer, de una empresa cualquiera, atropella y mata a propósito a una persona. Imagínese que, 17 años después, el chofer sigue muy tranquilo en su casa, perteneciendo a la misma empresa, a pesar de que haya una orden del máximo tribunal disponible de castigarlo. Y supongamos que, para cumplir esa orden, el gerente de la empresa le ordena a alguno de sus empleados que vaya y se presente como querellante en la causa contra su otro empleado.

¿No diría usted que es ridículo y absurdo que la empresa mande a un empleado a querellar a otro por el daño que le hizo ella misma a un tercero?

Pero por ridículo y absurdo que parezca, esto es lo que el ministro de justicia, seguridad y DDHH, Aníbal Fernández, anunció el martes pasado en una conferencia de prensa sobre el caso Bulacio.

El ministro leyó a los periodistas el decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que le ordena al ministerio que se presente como querellante en la causa por la detención ilegal y muerte de Walter Bulacio, que tenía 17 años en abril de 1991, cuando murió después de ser detenido y golpeado en la comisaría 35ª de la PFA.

El decreto fue sacado entre gallos y medianoche para tener algo que decir en la audiencia que el jueves pasado se hizo en Montevideo, convocada por la Corte Interamericana de DDHH para que el estado argentino explicara por qué, a cinco años de haber sido condenado en el caso, la sentencia dictada el 18 de septiembre de 2003 sigue sin ser cumplida. En esa sentencia, la Corte internacional ordenaba dos cosas centrales a la Argentina: terminar de una vez la causa penal interna contra el comisario Miguel Angel Espósito, y eliminar de su sistema todas las facultades policiales para detener personas arbitrariamente, es decir, sin orden judicial ni en situación de flagrancia.

Entonces, para “mostrar la voluntad del gobierno nacional de cumplir la sentencia en el caso Bulacio”, como dijo a los jueces la representante del estado, el secretario de DDHH, Eduardo Luis Duhalde, va a pedir ser querellante contra el comisario Espósito, y así, “garantizar los derechos de la familia Bulacio”. Como en el caso imaginario que planteábamos al principio, el ministro Fernández mandó a uno de sus dependientes, el secretario de DDHH, a querellar a otro de sus dependientes, un comisario de la policía federal. Mientras tanto, la verdadera querella, sin la cual la causa se hubiera cerrado hace 17 años, sigue separada del trámite, desde que en octubre de 2002 la cámara del crimen le quitó a la mamá de Walter el derecho a seguir siendo parte.

Esa es una de las mentiras que circuló en los medios esta semana, bajo el título “el gobierno argentino va a cumplir con la condena de la Corte IDH en el caso Bulacio”. La segunda mentira, es que el gobierno haya decidido cumplir también la otra parte pendiente, la derogación de la doble A y los códigos de faltas y contravencionales. “Vamos a convocar a una comisión de notables, un ámbito de discusión e intercambio para estudiar cómo hacer esas reformas”, dijo la representación del estado el jueves en Montevideo. Y por supuesto, nos invitaron a participar de una primera reunión allí mismo, al término de la audiencia.

¿Hace falta una comisión consultiva, con personalidades “notables”, para que el gobierno le ordene a su policía que no detenga a nadie, salvo que esté cometiendo un delito o se lo pida un juez? ¿Qué hay que debatir sobre un proyecto de ley que sólo necesita decir “derógase la ley 23.950”, en el ámbito nacional, o la ley que corresponda en cada provincia?

Como decía el fundador del partido de gobierno, la única verdad es la realidad. Y la realidad es que ni este gobierno, ni ningún otro que defienda los intereses de los poderosos, va a deshacerse de sus más valiosas herramientas represivas, las que permiten a sus fuerzas de seguridad detener a cualquiera, en cualquier lugar, porque se les da la gana. Así se impone el control social, que todo gobierno necesita aplicar a una sociedad dividida en clases. Y para ganar tiempo, usan el cuento ya conocido de la “comisión”.

No hace falta aclarar que declinamos el amable convite, a pesar del tentador catering previsto, porque CORREPI no se sienta a dialogar ni acordar nada con los empleados de un gobierno represor que nos mata un pibe día por medio. El gobierno peronista de los Kirchner ya ha reclutado suficientes empleados en el histórico movimiento de DDHH. A nosotros, pueden seguir esperándonos todo lo que quieran, que no nos van a ganar nunca para que los ayudemos a lavarse la cara y las manos, teñidas con la sangre de nuestros pibes.

Boletín informativo nº 496, 8/9/2008

 LA “AUTOQUERELLA” DEL ESTADO ARGENTINO EN EL CASO BULACIO

Tal como lo anunció el ministro Aníbal Fernández en la víspera de la audiencia convocada por la Corte Interamericana en Montevideo el pasado 14 de agosto, y como lo confirmó entonces el secretario de DDHH Eduardo Luis Duhalde, el estado nacional se presentó a través de este último como querellante en la causa Bulacio, y fue aceptado como tal por el juez Facundo Cubas. En la misma resolución, el magistrado se negó a reponer a la mamá de Walter en el rol de querellante, del que fue apartada por la cámara criminal en junio de 2002.

O sea, Eduardo Luis Duhalde, en representación del estado nacional, es ahora querellante contra Miguel Angel Espósito, comisario de la policía federal que depende del mismo estado -y del mismo ministerio. Y la familia de la víctima, cuyo esfuerzo, conjunto con el de CORREPI, mantuvo abierta la causa desde 1991, sigue sin derecho a ver siquiera el expediente.

Ni bien recibimos la noticia, notificamos a Corte Interamericana el nuevo incumplimiento del estado argentino, ya que la sentencia internacional de septiembre de 2003 ordenaba a la Argentina, entre otras cosas, garantizar el “pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de la investigación” a la familia de la víctima. En la carta, enviada el viernes pasado a la Corte, CORREPI y el CELS, que co-patrocinan la causa internacional, denuncian la absoluta indiferencia y desobediencia del juez con respecto a la orden emitida por el máximo tribunal regional.

Sobre la aceptación del estado como querellante, dice la nota enviada a Costa Rica: “resulta inadmisible que mientras se impide a la familia de Walter Bulacio ser querellante, se concede esa posibilidad al Estado Nacional, que fue demandado y condenado en la causa ante el sistema interamericano”.

Finalmente, en la causa interna, los abogados de CORREPI harán el lunes una presentación ante el juez Cubas exigiendo que se revoque lo resuelto, y advirtiendo que su conducta configuras los delitos de desobediencia, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato.

Boletín informativo nº 497, 16/09/2008:

 CASO BULACIO: SIGUE EL DISPARATE

La semana pasada comentamos la ridícula autoquerella del estado argentino en la causa Bulacio. En resumen, por decreto de la presidenta Cristina Kirchner,se ordenó al ministro de justicia, seguridad y derechos humanos (¿?), Aníbal Fernández, que su secretario de derechos humanos (de nuevo, ¿?) se presentara ante el juez Facundo Cubas para ser parte querellante contra el comisario de la PFA, y por lo tanto, subordinado directo de Fernández y Fernández de Kirchner, al que le pagan su haber de retiro, Miguel Ángel Espósito.

El juez, en un nuevo dislate de los que vienen sucediendo hace 17 años, y que explican la dura condena contra el estado argentino por parte de la Corte Interamericana de DDHH, organismo de la OEA, tuvo a Duhalde “el bueno” como querellante, y en el mismo despacho reiteró, en cambio, que la mamá de Walter Bulacio y sus abogados de CORREPI deben continuar apartados del trámite.

Desde luego que el asunto, además, dio la oportunidad a la defensa del comisario para una nueva chicana. Como si hiciera falta, ahora se ha formado un nuevo incidente en la causa, que ya va para las 4.000 fojas, porque el abogado Pablo Argibay Molina planteó la nulidad del absurdo resolutorio que admite como querellante al jefe de su defendido.

Ahora entró en acción otro dependiente del poder ejecutivo, nuestro viejo conocido (sobre todo por su puntería para disparar cartuchos de gases) Néstor Vallecca, el jefe de la PFA. Vallecca, que fue jefe de policía con Kirchner y lo sigue siendo con su mujer, ahora presentó una resolución ante su superior, el inefable ministro Fernández, pidiéndole que declare cesante a su colega Espósito.

Diecisiete años después, parece que el jefe de la federal se avivó que el sumario administrativo, cerrado en 1991 con el argumento de que “el comisario Espósito actuó de acuerdo a la normativa vigente”, fue reabierto a raíz de la causa ante la Corte IDH, y ahora pide que se lo deje cesante (no que se lo exonere) por haber violado “normas contravencionales”…

En el reino del disparate, todo vale. Mientras tanto, la policía de Cristina Kirchner, Aníbal Fernández y Néstor Vallecca mata con el gatillo fácil, tortura sistemáticamente, realiza centenares de arrestos arbitrarios por semana, persigue y encarcela pobres que protestan y luchadores populares. Total, se cubren con un par de decretos y resoluciones absurdas, y su troupe de adictos aplaude al “gobierno de los derechos humanos”.

Boletín informativo nº 498, 23/09/2008

LA FOTO QUE NUNCA VAN A TENER

Como venimos informando, desde que la Corte IDH hizo más intenso su reclamo al gobierno argentino para que se digne cumplir la sentencia dictada el 18 de septiembre de 2003 en el Caso Bulacio, se suceden los anuncios oficiales con más pompa que circunstancia. Primero fue el absurdo de que el propio estado -y el mismo ministerio- responsable de la detención y muerte de Walter Bulacio se presentara como querellante en la causa penal interna. Enseguida, el ridículo manifiesto del juez que admitió a Duhalde “el bueno” en el rol de víctima que la justicia argentina le quitó en 2002 a la familia y sus abogados de CORREPI, y que sigue negando.

La semana pasada, fue el represor de escraches a genocidas y jefe kirchnerista de la federal, Néstor Vallecca, pidiendo al ministro Fernández que dicte la cesantía del comisario Miguel Angel Espósito, divertida nota en la que todo lo que Vallecca dice de su colega y subordinado le es aplicable a él mismo.

Sin darse por vencido, el gobierno redobló enseguida el esfuerzo, apostando a que funcionara con nosotros la política de seducción y cooptación que tan buenos resultados le ha dado con otros referentes históricos de los DDHH. El jueves por la tarde, el portal de internet de la Presidencia anunciaba, en la sección de agenda, que a las 19:00 la presidenta y el ministro de justicia, seguridad y derechos humanos recibirían a la madre de Walter Bulacio para hacer “importantes anuncios” en conjunto. Casi simultáneamente circuló un cable de la agencia oficial Telam en el mismo sentido.

Poco antes, Graciela Scavone de Bulacio se había comunciado con nosotros porque había recibido una llamada de la abogada que representa al estado en la causa internacional, Dra. Andrea Gualde, citándola en la Casa Rosada para una reunión con Aníbal Fernández y Cristina de Kirchner. Le sorprendía que se hubieran comunicado directamente con ella, cuando desde hace 17 años los abogados de CORREPI son, como es público y notorio, sus apoderados para los trámites judiciales.

Advertida por nosotros de que no había trámite alguno pendiente que requiriera nuestra presencia, resolvió Graciela no presentarse a la cita, y nos pidió que lo comunicáramos al gobierno. Nuestra llamada para transmitir la negativa a concurrir a la reunión fue seguida por cinco llamados de la Dra. Gualde, directora nacional para asuntos internacionales del ministerio, insistiendo con que “el ministro tenía grandes anuncios que efectuar” y que “la presidenta quiere conocer a Graciela y manifestarle su apoyo”.

Finalmente el argumento trocó a que “no podíamos cambiarle al agenda a la señora”, jurando que la reunión sería privada y sin prensa. En el interín, varios medios ya estaban reproduciendo el cable de Telam, y tuvimos que desmentirlo públicamente, aclarando, igual que hicimos con la atribulada funcionaria, que no pensábamos legitimar con nuestra presencia al gobierno que desde hace 5 años nos habla de los derechos humanos mientras es responsable 961 asesinatos cometidos por su aparato represivo en ese mismo tiempo.

Para las siete de la tarde había cambiado la entrada en el portal de internet, que para entonces sólo anunciaba una reunión de la presidenta con su ministro, luego de la cual Fernández anunció a la prensa la exoneración de la fuerza del ex comisario Miguel Ángel Espósito … un poquito tardía, 17 años después.

Tan armada estaba la escena, con las cámaras preparadas para la foto, que el diario El Argentino publicó, al día siguiente, que la reunión se había hecho. Los demás medios, correctamente informados, consignaron, en cambio, que nos negamos a concurrir.

Siguieron los anuncios. El sábado el diario Página/12 publicó que en la reunión del Consejo de Seguridad Interior, el ministro Fernández pidió a los gobernadores que revisen la legislación de cada provincia sobre contravenciones y averiguación de antecedentes. Claro que no explicó por qué el poder ejecutivo nacional no ha enviado todavía un proyecto de ley al congreso para que derogue la ley 23.950 que faculta a las fuerzas federales a detener personas por averiguación de antecedentes o “para identificar”, una de las normas fulminadas por la sentencia de la Corte IDH.

Puro jarabe de pico, porque sabemos todos que ni éste, ni ningún gobierno que administre el estado en beneficio de los poderosos, se suicidaría quitándole a la policía y al resto de las fuerzas de seguridad las mejores herramientas de que disponen para el control social.

Pueden seguir haciendo anuncios para mostrarse derechos y humanos, pero se van a quedar con las ganas de la foto con CORREPI. La única foto en la que nosotros salimos es con Walter, con los 2.500 pibes asesinados desde 1983, con los 961 desde que los Kirchner se turnan en la presidencia. Con los presos políticos, con los trabajadores represaliados. Nunca en la foto de palacio, con los que sonríen para la cámara, mientras abrazan sus garrotes.

Boletín informativo nº 536, 2/11/2009

CASO BULACIO: SIGUE EL CIRCO

Como informábamos en el Boletín nº 519, la causa Bulacio sigue en trámite ante la justicia argentina, todavía bien lejos de que el estado argentino cumpla la orden clara de la Corte IDH: llegar a una sentencia.

Después de nuevas idas y vueltas causadas por las chicanas de la defensa del comisario Espósito, y de que la Cámara del Crimen se “diera cuenta” que era un absurdo incorporar como querellante al propio estado, a través del ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (el mismo que dirige la policía federal), se volvió a clausurar, por segunda vez en 14 años, la etapa de instrucción, para pasar al plenario.

La defensa del comisario finalmente contestó las acusaciones de la fiscalía y la querella, que desde 1996 esperaban que cumpliera ese traslado, para el que el código le daba un plazo de 6 días… Como el comisario cambió de idea hace poco y pidió que el trámite siga con las normas del código procesal actual, y no el viejo sistema derogado en 1994, que a su pedido se aplicaba todavía a la causa que ya va a cumplir 19 años, ahora se inicia la etapa de plenario, ante un tribunal oral.

Cosas que pasan en los sorteos: el TOC 29 resulta ser el mismo que, desde hace unos meses, tiene a su cargo la causa por “amenazas coactivas” contra los delegados de la junta interna del Hospital Garrahan, donde CORREPI integra el equipo de defensores, junto a compañeros de APEL, CeproDH, Liberpueblo y CAJ.

Algún día, cuando el TOC 29 lo disponga, y si la defensa del comisario lo permite, habrá un juicio oral, exclusivamente dirigido a determinar si el comisario Miguel Ángel Espósito cometió el delito de privación ilegal de la libertad de Walter Bulacio. Una cuestión casi anecdótica, cuando ya los jefes de Espósito, a través del gobierno nacional, se allanaron en febrero de 2003 en la demanda internacional y reconocieron que los hechos de 19/04/1991 ocurrieron tal y como los denunciaron la CIDH y los representantes de la familia Bulacio ante la Corte Interamericana.

Un juicio oral que no va a agregar nada que ya no sepamos. El estado argentino ya fue condenado por la violación a los derechos a la libertad, la integridad física y la vida de Walter, y el derecho al acceso a la justicia y garantías procesales de su familia. Reconoció por escrito, y con la firma de su ministro de justicia, que Walter fue ilegalmente detenido, y que murió como consecuencia del trato recibido. El veredicto del juicio que importa lo escuchamos cada vez que, en una cancha, un recital o una marcha, los pibes cantan “Yo sabía, yo sabía, que a Walter lo mató la policía”.

Boletín informativo nº 605, 27/4/2011

BULACIO: MIENTE, QUE ALGO QUEDARÁ

La semana pasada, el diario oficialista Página/12 publicó una nota recordando que se están cumpliendo 20 años de la detención y muerte de Walter Bulacio. Y como para “compensar” la realidad que surge de la contumacia con que el actual gobierno, igual que sus antecesores desde 1991, vienen protegiendo a la policía y, en el caso concreto del kirchnerismo, incumpliendo desde 2003 la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH que ordenó la derogación de todas las normas y prácticas no normadas que habilitan a las fuerzas de seguridad a realizar detenciones arbitrarias, junto a la nota principal incluyeron una “columna de opinión” escrita por Mariano Molina, que se presenta como “periodista y docente”, omitiendo agregar “y defensor del gobierno nacional”.

En un texto plagado de referencias a su experiencia personal, pues afirma haber estado en Obras el 19 de abril de 1991, el columnista lanza, a los pocos renglones, la frase “En esos tiempos, los edictos policiales todavía tenían legalidad y servían para legitimar el autoritarismo policial”. Nada dice de los códigos contravencionales, vigentes hoy, como ayer, en todo el país, incluyendo el que en 1994 reemplazó a los edictos en la ciudad de Buenos Aires, y que, como demuestra la experiencia, viene resultando más eficaz que aquellos a la hora de aplicar el control social y el disciplinamiento por mano de una fuerza cuyo autoritarismo no es fruto del propio capricho, sino del rol asignado dentro de la estructura estatal.

Después de sugerir elípticamente que la razzia que se llevó a Walter se explica porque en esos tiempos gobernaba el peronismo menemista, lanza una gran mentira cuando afirma que las multitudinarias marchas por Bulacio eran una “anárquica procesión, sin banderas partidarias, sin organización previa y con las consignas que surgían momentáneamente”. Y de ello concluye que eso “fue un fuerte signo de los tiempos que vendrían, en relación con la inorgánica participación juvenil en causas sociales y políticas”.

Además de mentira, infamia. La masiva movilización que siguió a la muerte de Walter no fue inorgánica ni apolítica. Por el contrario, los que sí protagonizamos esa lucha recordamos las asambleas en la facultad de Filosofía, donde las organizaciones políticas, estudiantiles y de derechos humanos organizaban la campaña, o las asambleas de los secundarios, con participación de los centros de estudiantes, de las juventudes de los partidos de izquierda y la militancia antirrepresiva. Una pelea política, que apuntaba al corazón del estado y sus gobiernos: su política represiva, constante pese a sus variantes discursivas, gobierne quien gobierne.

El defensor del gobierno cierra su alegato con más mentiras: “El país vive otra realidad en muchos aspectos (…) Actualmente la Policía Federal se encuentra en un intento de recomposición que esperábamos hace tiempo. La permanencia de esas prácticas que causan vergüenza nacional también nos tiene que hacer reflexionar sobre la importancia de apoyar algunas políticas de Estado que puedan perdurar más allá de los gobiernos”.

Walter fue asesinado durante el gobierno peronista de Menem. La causa judicial alcanzó su máximo nivel de impunidad durante el gobierno radical-peronista-progresista de la Alianza. El gobierno, también peronista de Duhalde, intentó evitar que la causa llegara a la Corte IDH con una admisión formal de la responsabilidad del estado, y el actual gobierno kirchnerista, en sus dos versiones, fue el encargado de incumplir la condena que irremediablemente llegó, mientras intensificó el voltaje represivo de las facultades policiales para detener personas arbitrariamente y estrenó un nuevo modelo represivo, basado en la cooptación de consenso para reprimir más y mejor.

La única política de estado que perdura más allá de los gobiernos en materia represiva es la necesidad de reprimir. Y el kirchnerismo ha logrado, como ningún otro gobierno anterior, hacer realidad el paradigma de aplicar toda la represión necesaria, con todo el consenso posible.

Comunicado cuando se suspendió el juicio oral que debía empezar el 3 de agosto de 2011 (21 de junio de 2011):

Caso Bulacio: Ante la noticia de la suspensión del juicio oral

Ante la noticia, publicada por varios medios nacionales, de que la defensa del comisario Miguel Ángel Espósito habría presentado en la mañana de hoy, 21 de junio de 2011, un escrito recusando por “prejuzgamiento” a los integrantes del Tribunal Oral Criminal nº 29, lo que impediría el inicio del juicio oral, previsto para el 3 de agosto, CORREPI dice:

• Hasta las 19:30 del día de la fecha no hemos recibido notificación alguna del TOC 29. No nos consta, pues, más que por trascendidos periodísticos, el contenido de la presentación efectuada por el Dr. Pablo Argibay Molina.

• Sea cual fuere el argumento utilizado para recusar al tribunal oral, y, como consecuencia, impedir el inicio del juicio en la fecha prevista, la noticia no nos sorprende. Por años hemos sido testigos privilegiados de las permanentes y, por qué negarlo, “creativas” maniobras del renombrado estudio jurídico que defiende, desde 1992, al comisario Espósito, para dilatar el trámite cuanto sea posible.

• Nos hubiera sorprendido, en cambio, que, tras 20 años de memorables “chicanas”, toleradas más allá del límite de lo razonable por el poder judicial -que ha mostrado así su real naturaleza- mansamente el comisario Espósito y su defensor aceptaran que deben afrontar un juicio oral y público. Porque, aunque este juicio, como venimos diciendo, llega tarde y mal, limitado a un comisario y a un delito menor, es un triunfo de la lucha consecuente e independiente que sostenemos desde hace dos décadas CORREPI y la familia Bulacio.

• Claro que el comisario Miguel Ángel Espósito no es el único –ni siquiera el principal- responsable por la detención y muerte de Walter Bulacio, víctima, como 3.200 jóvenes más, de una política de estado que utiliza las detenciones arbitrarias, la tortura y el gatillo fácil como herramientas para el control y el disciplinamiento social. Es la justicia del sistema la que limitó el juzgamiento al comisario, y al delito de privación ilegal de la libertad. Es hasta el comisario, no más allá, y hasta la detención arbitraria, que jueces y fiscales se atrevieron a llegar.

Por eso decimos, hace años, que ni CORREPI ni la familia Bulacio, necesitamos un juicio para saber la verdad: la sentencia que realmente nos importa ya la dictó la conciencia popular. Y que, si algo prueba el tortuoso trámite de la causa Bulacio, es hasta dónde es capaz de llegar el estado, gobierne quien gobierne, para proteger a sus verdugos oficiales.

Porque YO SABÍA QUE A WALTER LO MATÓ LA POLICÍA, la misma que, siempre obediente al gobierno de turno, mata y tortura, porque ése es su rol, en democracia, o dictadura.

Escrito con el que desde CORREPI ofrecimos prueba para el juicio que comenzará el 24 de septiembre:

OFRECE PRUEBA – MANIFIESTA – REITERA

 

Excmo Tribunal Oral:

 

María del Carmen Verdú, apoderada de la querella en esta causa nº 3.158, manteniendo el domicilio constituido en Corrientes 1762, 4º “A”, a V. E. digo:

 

1. OBJETO: Que vengo en legal tiempo y forma, de acuerdo a lo establecido en el art. 354 del ritual, a ofrecer la prueba que habrá de producirse en el debate de esta causa, seguida contra MIGUEL ANGEL ESPOSITO, ex comisario de la Policía Federal Argentina, por la comisión del delito tipificado en el art. 144 bis, inciso 1º del Código Penal, en perjuicio de quien en vida fuera WALTER DAVID BULACIO, hijo de mi mandante.

 

2. MANIFESTACIÓN PRELIMINAR: Resulta, a juicio de esta querella, necesaria una breve reflexión preliminar sobre la mínima y singular porción de los hechos objeto de esta causa, respecto de los cuales ha subsistido la acción penal.

Desde diciembre de 1995, estas actuaciones tienen como único objeto procesal determinar la responsabilidad penal del ex comisario Espósito en relación al delito de privación ilegal de la libertad calificada, pues fueron elevadas a plenario exclusivamente por tal delito. Años después, se consideró operada la prescripción de la acción penal respecto de las restantes 72 víctimas, por lo que sólo continuó el trámite en relación a las circunstancias de la detención ilegal del hijo de mi mandante, Walter Bulacio.

Ese, y no otro, es, muy a nuestro pesar, el objeto de estos autos. Hubiéramos preferido, sin duda alguna, y aunque nos hubiera tomado otros 20 años más, que estuviéramos a las puertas de un debate en el cual se discutieran todos los hechos que la Corte Interamericana de DDHH tuvo por probados, respecto, no sólo de la detención ilegal, sino de la tortura y muerte de Walter.

El tortuoso devenir de esta causa frustró ese derecho, apenas paliado por el reconocimiento pleno del Estado Argentino, en 2003, de los hechos tal como fueran denunciados ante la CIDH en 1997, y su plena ratificación en la sentencia dictada por la Corte IDH el 18 de septiembre de 2003.

Lamentamos no haber podido llevar a todos los responsables materiales y políticos de la detención, tortura y muerte de Walter Bulacio a juicio, para acusarlos por la totalidad de los crímenes cometidos el 19 de abril de 1991. Es igualmente lamentable, para la justicia argentina, que una causa, que devino en símbolo de la organización y la lucha contra la represión estatal y que cuenta con el triste privilegio de haber motivado la primera y única condena al estado argentino por violación a los derechos humanos con posterioridad a 1983, se vea reducida en esta instancia a una mínima imputación por una detención ilegal.

Es igualmente lamentable, cuando menos, que una sentencia de la máxima autoridad judicial regional siga, después de siete años, incumplida en lo esencial por el estado argentino, caso inédito en el fuero interamericano.

Pero todo ello no es el objeto de esta causa en la que V. E. deberá fallar.

Esta querella hará todo lo que técnicamente esté a su alcance para contribuir a garantizar que se respete el objeto procesal del futuro debate, por limitado y parcial que éste sea. Aun con la inevitable certeza de que este juicio oral llega tarde y mal, es a lo que la justicia argentina nos ha permitido acceder, y pondremos en ello el mismo empeño que cuando nos presentamos como parte, el 2 de mayo de 1991.

 

3. PRUEBA: Reiterando lo expuesto en mayo de 1996, a la hora de formular acusación conforme el código de procedimientos entonces aplicable en autos, esta querella entiende que no es necesario citar al debate a testigo alguno, pues la conducta reprochada se encuentra acreditada con un enorme plexo de pruebas documentales e informativas existentes en el legajo con anterioridad a dicha fecha, cuya incorporación por lectura será solicitada.

Aquella pretérita acusación, que hoy, merced al cambio de rito, ha adquirido virtualidad de requerimiento de elevación a juicio, mantiene pleno valor en cuanto a lo que allí se exponía, a tal punto que la totalidad de la prueba aquí ofrecida, con excepción de una sola pieza, fue producida con anterioridad a 1996.

Por ende, solicito la incorporación por lectura de las siguientes piezas del legajo:

  1. Acta de fs. 1, de la que surge que el Subinspector Domingo Andrés Toledo fue comisionado por la División Comando Radioeléctrico para tomar intervención, por denuncia efectuada por los profe­sionales del Sanatorio Mitre, respecto del ingreso de un menor lesionado del Hospital Argerich.
  2. Constancias de instrucción de la Cría. 7ª, de las que surge la ausencia total de intervención policial o judi­cial con anterioridad a la denuncia del sanatorio Mitre. (fs. 2/13).
  3. Informe remitido por el titular de la Cría. 35ª, comisario Miguel Ángel Espósito, al titular de la Cría. 7ª, en respuesta al requerimiento previo de éste. (fs. 14/15).
  4. Partida de Nacimiento de Walter David Bulacio, de fs. 22.
  5. Historia Clínica del Sanatorio Mitre, acreditando que la primera y única intervención judicial se produjo el 21 de abril por intermedio de la Cría. 7ª (fs. 23/31 y 103/117).
  6. Informe de la MCBA, que detalla los traslados efectua­dos por ambulancias del entonces CIPEC los días 20 y 21 de abril de 1991, todas ellas con anterioridad a la intervención judicial. (fs. 131).
  7. Historia Clínica del Hospital Pirovano, de la que surge la ausencia de familiares y la falta de intervención judicial al internarse el menor por orden del imputado y la presencia de consigna policial.
  8. Listado de los detenidos de los días 19 y 20 de abril de 1991, donde consta que Walter Bulacio ingresó a la seccional el día 20, y se registra como causa de la detención “ley 10.903”. (fs. 170/171).
  9. Informe del Actuario en el que da cuenta de la obten­ción de placas fotográficas de la seccional 35ª de la policía federal, realización de pericia planimétrica y secuestro del libro “Memo 40”. (fs. 198).

10.Placas fotográficas obtenidas en la diligencia que antecede, reservadas en la Caja de Seguridad del Juzgado a fs. 212, de las que surge con certeza el ámbito físico inadecuado en que fueron encerrados los menores (“Sala de Menores”).

11.Plano de la dependencia policial (fs. 236).

12.Copia del MEMORANDUM SECRETO Nº 40, obrante a fs. 309.

13.Declaración indagatoria del imputado Miguel Angel Espósito a fs. 314/317 y su ampliación a fs. 1541/1542.

14.Vistas fotográficas de fs. 324/329.

15.Copia del memorandum “sec” nº 40 del 19 de abril de 1965, de la orden del día nº 27 del 6 de febrero de 1980 y del memorandum nº 106 del 2 de mayo de 1991, agregados por la Dirección de Asuntos Judiciales de la Policía Federal a fs. 359/375.

16.Copia de los recibos correspondientes a los pagos efectuados por el Club Obras Sanitarias de la Nación de fechas 15 y 16 de abril de 1991, emanados de la Superin­tendencia de Finanzas de la Policía Federal Argentina. (fs. 406).

17.Copia de la solicitud de servicios adicionales firmado por el secretario del Club Obras Sanitarias de la Nación. (fs. 407).

18.Copia del memorandum suscripto por el imputado Espósito dirigido a la División Policía Adicional y Contralor en el cual comunica la realización del recital y la contratación del sistema de policía adicional, agre­gando a los efectivos pedidos por el club, 10 hombres para implantar en los kioscos de las inmediaciones, un celular y 2 pelotones de combate. (fs. 408).

19.Nómina en planilla de los efectivos policiales a cargo del imputado Espósito en el operativo. (fs. 410/417).

20.Nómina del Personal afectado al servicio de Obras Sanitarias el 19 de abril de 1991. (fs. 428/431).

21.Fotografías del interno 33 de la empresa MODOSA. (fs. 435).

22.Listado de la totalidad del personal de la Cría. 35ª. (fs. 436/440).

23.Copia del Suplemento de la Orden del Día Interna Nº 127 del 29/6/1981. (fs. 477/485).

24.Oficio contestado por el Jefe de la Policía Federal (fs. 525/526).

25.Plano de la comisaría 350. (fs. 540/543).

26.Copia del Expte. nº 15.067/91 caratulado “Dr. Víctor G. Pettigiani s/ presentación respecto del Memorando nº 40 de la Policía Federal -Menores- de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. (fs. 951/1017).

27.Copia de la Orden del Día nº 122 de la Dirección de Asuntos Judiciales de la Policía Federal, acompañando oficio suscripto por el Jefe de la Policía Federal, Crio. Passero, informando al Tribunal la “derogación” del “procedimiento policial en relación a menores de 18 años estatuido por el Memorando nº 40 del 19 de abril de 1965, la Orden del Día Interna del 6 de febrero de 1980 y el Memorando nº 106-11-000036/91”. (fs. 1219/1227).

28.Libro Memo 40 y Libro Registro de Detenidos, reserva­dos en Secretaría.

29.Copia certificada de la sentencia dictada el 18 de septiembre de 2003 por la Corte IDH en la causa Bulacio vs. Argentina, agregada con fecha 3 de octubre de 2003.

 

Proveer Conforme,

                                                             SERÁ JUSTICIA.-

CORREPI


[1] Para cuando finalmente la defensa contestó ese traslado, los 6 días ya eran 13 años.

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