Día 3 – 30 de septiembre

La tercera jornada empezó con la declaración testimonial del abogado y comisario general de la PFA Silvio Latanzio, que fue citado por la fiscalía y la defensa porque antes de su retiro, en 2001, fue Director de Asuntos Jurídicos, y contestó algunos oficios requeridos a la policía sobre el famoso Memo 40, la disposición policial que derogaba la ley de menores.
 
Contó que, de acuerdo a lo que recordaba, el Memo 40 era una forma de “agilizar la entrega a sus padres de menores encontrados en peligro para su salud física o moral, por ejemplo si un comerciante inescrupuloso les estaba expendiendo bebidas alcohólicas, o si eran chicas en riesgo de ser abusadas por mayores”. Claramente un situación bien distinta a la de Walter y los demás pibes, que no estaban en ninguna situación de peligro para su salud física o moral hasta que fueron detenidos y llevados a la comisaría. “Me imagino que sigue siendo igual”, dijo sin que nadie le preguntara. Y vaya si tiene razón. centenares de miles de pibes son detenidos sin causa alguna por año, y sin que ningún juez se entere que están en una comisaría, salvo que, como a Walter, los maten.
 
Después, el comisario general se dedicó a mandar preso a Espósito. “Ningún policía está facultado a desoír una instrucción judicial ni es el exégeta de una instrucción judicial“, contestó cuando se le preguntó qué pasaba si una orden del día o un memorando policial decía una cosa, pero el juez de turno había ordenado otra, como en el caso, ya que el juez de turno, Dr. Luis Caimmi, exigía que lo consultaran sin excepción cuando había un menor en comisaría. También dijo, rotundamente, que las órdenes del día son comunicaciones internas policiales; que un memorandum sólo tiene el valor de una nota, y que en todos los casos su jerarquía es inferior a cualquier orden judicial o ley.
 
La socarrona sonrisa que enarbola a diario el defensor del comisario Espósito se fue convirtiendo en mueca, a medida que seguían cayendo las respuestas: “Lo primero que se debe hacer es avisar a los padres. De inmediato, sin demora. Si en un lapso razonable, no más de tres o cuatro horas, no aparecen, hay que consultar al juez, porque no hay razón para que un chico permanezca en una comisaría, no es lugar para él. Si no hay teléfono, se avisa por telegrama y por teléfono a la comisaría más cercana al domicilio para que les vayan a avisar, sea de Capital o de la provincia. Si un menor se descompone en una comisaría hay que llamar un médico y al juez, y si hay que internarlo hay que informar de inmediato al juez”. En resumen, una declaración contundente para probar que el comisario Espósito ni siquiera cumplió con la normativa policial en cuya aplicación se amparó.
 
Completó la derrota del día para la defensa la Dra. Virginia Lourenco, secretaria de un juzgado de menores ahora, y que tenía el mismo cargo en 1991, precisamente en el denominado “Letra L”, que estaba de turno la noche del 19 de abril. De entrada, nomás, disparó: “Yo no conocía el Memo 40, me enteré que existía cuando el caso Bulacio lo hizo público. Estoy casi segura que mi juez tampoco lo conocía. Nosotros en esa época recibíamos unas 100 consultas diarias de comisarías. La orden del juzgado era que, menor con el que tuviera contacto la policía, por cualquier causa, lo tenían que comunicar inmediatamente al juzgado”.

En un intento de desvirtuar esas palabras, llegó Luis Juan Torres, que era secretario del otro juzgado de menores de los ’90, el “Letra O”, cuyo juez, Marcelo Arias, había girado unas “instrucciones” a las comisarías ordenando que sólo se hicieran consultas en horario hábil; fuera de ese horario, “sólo cuando fuere estrictamente necesario y abstenerse de consultar de 23:00 a 07:00, salvo casos de urgencia que no admitan demora”. El anciano ex secretario, largamente jubilado, no se acordaba de eso, ni del Reglamento para la Justicia Criminal y Correccional, ni de la ley de menores 10.903. Sí se acordaba del Memo 40, aunque, dijo “nunca lo leí, porque no era de mi incumbencia“. Y siguió hablando de cuestiones ajenas al juicio, como un homicidio, en 1954, que causó impacto porque el homicida desmembró el cadáver y desperdigó las partes en distintos lugares de la ciudad…

Allí hubiera terminado la audiencia, pero el tribunal necesitó unos minutos más para informar a las partes que el defensor del comisario, Pablo Argibay Molina, había presentado un escrito denunciando “hechos nuevos” y pidiendo nuevas medidas de prueba. Acompañó un recorte de un diario de hoy con el “comunicado” en el cual el cantante Carlos “Indio” Solari afirma que siempre tuvo presente a Walter; y un video de declaraciones televisivas de la compañera María del Carmen Verdú, en el que los periodistas la interrogan sobre la denuncia que el propio abogado defensor hizo contra ella hace unos años, acusándola de haber “extorsionado primero, y negociado después” con el ex presidente Eduardo Duhalde y su ministro de seguridad Juan José Álvarez para que reconocieran los hechos y la responsabilidad del estado argentino en la detención, tortura y muerte de Walter, a cambio de no impulsar la causa en contra de los funcionarios por la represión de Puente Pueyrredón y el asesinato de Maxi y Darío. Es que, en 2007, el inefable defensor escribió textualmente: “la prueba de esa extorsión y posterior acuerdo CORREPI-Presidente Duhalde es que el acto formal de reconocimiento del estado, con la firma del acta que suscribió el ministro Juan José Álvarez, fue celebrado el 26 de febrero de 2003, es decir, un día 26, aniversario de la muerte de los piqueteros”. Ahora, inaugura una nueva línea de defensa, argumentando que “Si no hubiera sido así, no estaríamos acá” y que “Por algo Duhalde y Álvarez se escaparon de este tema”. Desopilante, si no estuviéramos hablando de los asesinados por el aparato represivo estatal, del que su defendido formaba parte.

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