Día 1 – 24 de septiembre.

A las 10 de la mañana, dos centenares de compañeros que nos concentramos desde temprano en Callao y Paraguay, donde hicimos una radio abierta, nos encolumnamos para marchar hasta el edificio de Paraguay 1536, sede del tribunal oral nº 29, donde se realiza el juicio.

Compartían la cabecera de la marcha, con una enorme bandera con la imagen de Walter y el grito “Yo sabía que a Bulacio lo mató la policía”, Tamara Bulacio, la hermana de Walter; referentes de las organizaciones que acudieron a la convocatoria y los familiares de víctimas de la represión estatal organizados en CORREPI. Bajo una “discreta” vigilancia de gendarmería, la columna permaneció allí mientras se llenaba la sala de audiencias, y luego volvimos a sostener el aguante en la plaza.

Además de los jueces, el fiscal, el defensor del policía y nuestros compañeros Ismael Jalil y María del Carmen Verdú, quienes representan en la querella a Graciela Scavone, madre de Walter, se sentaron los integrantes de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, encabezados por el fiscal Abel Córdoba. Se trata del organismo recientemente creado por el gobierno, en su creciente afán por hacer como que la “violencia institucional” no tiene nada que ver con la represión que ellos comandan.

En la primera fila, Graciela Scavone estaba flanqueada por su hija Lorena, y los dos hermanos menores de Walter, Tamara y Matías. Detrás de ellos, la pequeña sala estaba colmada con los familiares de víctimas que militan en CORREPI, y los compañeros de las organizaciones hermanas.

Una vez que los fotógrafos de prensa hicieron su trabajo, comenzó la audiencia. El comisario Espósito siguió la lectura de las acusaciones de la fiscalía y la querella, escritas en 1996, por videoconferencia, privilegio que le otorgó el tribunal para que no tenga que estar presente en el recinto. Luego, anunció que no va a declarar ni ahora ni en ningún momento del juicio, y se quejó de “la maldad” que le hicieron al enjuiciarlo, lo que, dijo, le produjo un infarto.

Cuando el presidente del tribunal lo interrogó sobre sus condiciones personales, nos enteramos que, aunque en 2008 el gobierno, por boca de Aníbal Fernández, anunció su exoneración, en realidad sigue viviendo del estado. Resulta que, aunque a partir de entonces dejó de cobrar su jubilación (se había retirado por decisión propia en 1995), su esposa empezó a percibir entonces una pensión equivalente, como si hubiera enviudado.

La primera testigo de la jornada fue Graciela Scavone, que con voz clara y expresión serena contestó las preguntas del fiscal. Relató que dio permiso a Walter para ir al recital –el primero al que iba- porque el pibe se lo rogó una semana, y porque iba con un grupo de chicos del barrio en un micro que alquilaron. Sabía que no iba a volver a la noche, sino que de Obras se iba a ir directo a trabajar al club de golf donde era caddie, al que entraba a las 5 de la mañana. El sábado por la tarde, una vecina, pariente de otro chico que estuvo detenido con Walter y fue liberado pasado el mediodía, se enteró que su hijo estaba preso. Llamó a Víctor, el papá de walter, y juntos comenzaron una recorrida que se inició en la comisaría y prosiguió por los hospitales, hasta que, pasadas las 11 de la noche, encontraron a Walter en el Pirovano.

Después nos hicieron ir de nuevo a la comisaría, y nos hicieron firmar la entrega, como si yo me lo llevaba de ahí”, recordó. Los policías que hicieron esa acta falsa, cuando hacía 13 horas que Walter estaba en un hospital, declararán en la próxima audiencia.

En el hospital, dijo, una doctora le aconsejó que hiciera la denuncia, y otro médico le aseguró: “Si este chico no está golpeado, soy el verdulero de la esquina”.

Confirmó Graciela que, mientras Walter agonizaba, el comisario Espósito se presentó en el hospital, y se llevó aparte a Jorge C., el amigo de Bonzi que estuvo detenido con él. En su declaración testimonial, hace más de 22 años, ese pibe contó que el comisario le recordó “que no se olvidara que en la comisaría lo trataron bien”.

El defensor del comisario quiso empezar a preguntar sobre cuestiones médicas vinculadas a su tesis de que Walter murió “naturalmente”, lo que fue bloqueado con firmeza por la compañera Verdú: “Si cambió el objeto procesal de este juicio y vamos a discutir la muerte de Walter, pido que empecemos de nuevo, para que nosotros podamos acusar por tortura seguida de muerte”. El fiscal Horacio Fornaciari apoyó el planteo, y el tribunal resolvió que, si sólo se va a juzgar la privación ilegal de la libertad, la pregunta era impertinente.

El siguiente testigo fue el Comisario General (retirado) Osvaldo Capozzo, que ocupaban en 1991, el mismo cargo que nuestro viejo conocido Lompizano (jefe policial condenado por el crimen de Mariano Ferreyra) tenía en 2010, la Dirección General de Operaciones, es decir, el control de los operativos policiales en toda la ciudad. Explicó que el operativo de abril de 1991 tuvo una parte contratada por la organización del espectáculo por vía de la Dirección de Servicios Adicionales y otra dispuesta de oficio. Confirmó que el oficial a cargo era Espósito.

A preguntas sobre el Memo 40, esa orden interna policial que habilitaba expresamente a no avisar a los jueces de turno cuando se detenía a un chico de menos de 18 años, el comisario dijo que se les ocurrió a los dos jueces de menores de los ’60, Sturla y Argüero. Curiosamente, dijo que estos magistrados eran “todo un ejemplo del manejo de la minoridad”, y que por eso sugirieron que la policía manejara a su antojo las detenciones de chicos.

Así y todo, el colega puso a Espósito en problemas. “Había que llamar inmediatamente a los papás, y si no tenían teléfono, se mandaba avisar por la comisaría más cercana de su domicilio”. Luego, dio como “ejemplo emblemático” de la oportunidad para aplicar el Memo, la situación de pibes que “se hacían la rabona para ir al zoológico”, a los que se llevaba a la comisaría para que estuvieran “resguardados”…

A nuestro turno, preferimos no preguntarle nada, ya que, como oficial superior de Espósito en la cadena de mandos, don Capozzo es uno de los responsables de la muerte de Walter, aun cuando no supiera que existía.

Siguió el Comisario Alberto Antonio Civale, que era, en 1991, titular de la comisaría 3ª en el barrio de tribunales. También retirado, impresionó por su imprecisión. Todas sus respuestas empezaron con “me parece…”; “para mí…”; “en mi caso…”; “creo…” “en mi opinión…” y similares. Claro que, entre esas “opiniones”, dejó algunas que pusieron más que incómodo al defensor. “En mi caso, siempre hacía las consultas…y llamaba urgentemente a la familia, si tardaban unas horas los mandaba buscar en patrullero o llevaba el chico a la casa”. Se armó un poco de confusión cuando se le pidió que definiera términos que usó en abundancia, como “menor vulnerable”, “resguardo”, “gente de mal vivir”, pero terminó crucificando al viejo camarada: “Yo haría la consulta al juez en el horario que fuera, más si tengo un menor descompuesto o lo tengo que internar”.

Finalmente, declaró la Dra. María Inés Quiroga, que era una de las secretarias del juzgado de menores que estaba de turno la noche del 19 de abril de 1991 con la comisaría 35ª. Contó que supo de la existencia del Memo 40 “por el asunto éste”, es decir, el caso Bulacio. El juez Caimmi, dijo, ordenaba que la policía lo consultara siempre que había un chico detenido. Esa noche, aseguró, no recibieron ninguna llamada de la comisaría 35ª, ni por Walter ni por los otros 10 chicos de menos de 18 años que estaban con él.

En resumen, una jornada en la que empezó a quedar claro, para los que no lo sabían, en qué manos estamos.

El jueves 26, a las 10:00, continúa el juicio, con la declaración de los policías Liceri y Tossi (comisaría 35ª); el Comisario Mayor Alberto César Muiños, ex subcomisario de la 35ª; el Comisario Jorge Passero, ex jefe de la PFA y los Comisarios Guillermo Rodolfo Mendizábal, ex Jefe de la Dirección Gral. de Asuntos Judiciales de la PFA y Silvio O. Latanzio, ex Director de Asuntos Jurídicos de la PFA.

Todos ellos formaron parte de la lista de imputados por la querella contra los que el poder judicial no quiso avanzar. Fueron sometidos a declaración informativa y luego sobreseídos.

¡Yo sabía que a Bulacio lo mató la policía!

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